Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
Red de diputados fue el primer caso de corrupción dado a conocer por la desaparecida misión anticorrupción internacional, relacionada con la colusión entre diputados y miembros de una organización no gubernamental para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos sociales.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
“Pero dentro de todo eso hay más de 200 diputados, entre suplentes y titulares, que han ocupado las diferentes administraciones del Congreso Nacional”, precisó.
Red de diputados fue el primer caso de corrupción dado a conocer por la desaparecida misión anticorrupción internacional, relacionada con la colusión entre diputados y miembros de una organización no gubernamental para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos sociales.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
Las investigaciones tienen que ver con el caso denominado Red de Diputados, presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en diciembre de 2017, del que existen unas 35 líneas de investigación “que se están documentando”, indicó Santos, y que involucran a entre 360 y 380 personas.
“Pero dentro de todo eso hay más de 200 diputados, entre suplentes y titulares, que han ocupado las diferentes administraciones del Congreso Nacional”, precisó.
Red de diputados fue el primer caso de corrupción dado a conocer por la desaparecida misión anticorrupción internacional, relacionada con la colusión entre diputados y miembros de una organización no gubernamental para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos sociales.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
Según Santos, estos legisladores podrían ser requeridos en el marco de las investigaciones relacionadas con el manejo irregular de fondos públicos.
Las investigaciones tienen que ver con el caso denominado Red de Diputados, presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en diciembre de 2017, del que existen unas 35 líneas de investigación “que se están documentando”, indicó Santos, y que involucran a entre 360 y 380 personas.
“Pero dentro de todo eso hay más de 200 diputados, entre suplentes y titulares, que han ocupado las diferentes administraciones del Congreso Nacional”, precisó.
Red de diputados fue el primer caso de corrupción dado a conocer por la desaparecida misión anticorrupción internacional, relacionada con la colusión entre diputados y miembros de una organización no gubernamental para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos sociales.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), reveló que al menos 200 diputados de diferentes administraciones están siendo investigados por presuntos actos de corrupción en el Congreso Nacional.
Según Santos, estos legisladores podrían ser requeridos en el marco de las investigaciones relacionadas con el manejo irregular de fondos públicos.
Las investigaciones tienen que ver con el caso denominado Red de Diputados, presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en diciembre de 2017, del que existen unas 35 líneas de investigación “que se están documentando”, indicó Santos, y que involucran a entre 360 y 380 personas.
“Pero dentro de todo eso hay más de 200 diputados, entre suplentes y titulares, que han ocupado las diferentes administraciones del Congreso Nacional”, precisó.
Red de diputados fue el primer caso de corrupción dado a conocer por la desaparecida misión anticorrupción internacional, relacionada con la colusión entre diputados y miembros de una organización no gubernamental para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos sociales.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
Jefe de la Uferco cuestionó a diputados que habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado fondos públicos para pagar tarjetas de crédito.
El fiscal de la UFERCO dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción. – Foto: Cortesía
Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), reveló que al menos 200 diputados de diferentes administraciones están siendo investigados por presuntos actos de corrupción en el Congreso Nacional.
Según Santos, estos legisladores podrían ser requeridos en el marco de las investigaciones relacionadas con el manejo irregular de fondos públicos.
Las investigaciones tienen que ver con el caso denominado Red de Diputados, presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en diciembre de 2017, del que existen unas 35 líneas de investigación “que se están documentando”, indicó Santos, y que involucran a entre 360 y 380 personas.
“Pero dentro de todo eso hay más de 200 diputados, entre suplentes y titulares, que han ocupado las diferentes administraciones del Congreso Nacional”, precisó.
Red de diputados fue el primer caso de corrupción dado a conocer por la desaparecida misión anticorrupción internacional, relacionada con la colusión entre diputados y miembros de una organización no gubernamental para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos sociales.
En declaraciones a HRN, el jefe de la Uferco cuestionó por qué los diputados señalados habrían depositado dinero en sus cuentas personales y utilizado recursos públicos para el pago de tarjetas de crédito, entre otros.
“La única estrategia que han tenido hasta ahora es (decir) que se trata de persecución política”, declaró Santos, “pero lo que queremos escuchar de ellos es por qué depositaban el dinero en sus cuentas y pagaban tarjetas de crédito” agregó.
Mencionó el caso de un diputado que sacó a una persona “que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios”.
El pasado viernes, el fiscal general. Johel Zelaya, ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional de Honduras.
La medida fue calificada como una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, según el presidente de ese Poder Legislativo.
Con estas acciones del MP, preocupa a diversos sectores del país que se instrumentalice la aplicación de la justicia.
No obstante, el jefe de la Uferco dejó claro que las investigaciones continuarán hasta esclarecer la posible malversación de fondos y otros delitos relacionados con la corrupción.
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