La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
El enfrentamiento se habría producido entre campesinos y grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, según el Bufete Jurídico Justicia.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Horas antes de los violentos incidentes, los pobladores bloquearon la carretera CA-13, interrumpiendo el tránsito entre Tocoa y Trujillo como medida de presión para exigir el desalojo de los campesinos, quienes aseguran tener derecho a trabajar esas tierras.
El enfrentamiento se habría producido entre campesinos y grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, según el Bufete Jurídico Justicia.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Los enfrentamientos fueron consecuencia de una disputa territorial que ha estado latente por años en la región, específicamente por el control de la finca Tranvía.
Horas antes de los violentos incidentes, los pobladores bloquearon la carretera CA-13, interrumpiendo el tránsito entre Tocoa y Trujillo como medida de presión para exigir el desalojo de los campesinos, quienes aseguran tener derecho a trabajar esas tierras.
El enfrentamiento se habría producido entre campesinos y grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, según el Bufete Jurídico Justicia.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), señaló que los enfrentamientos tuvieron lugar entre pobladores, campesinos y grupos armados insurgentes.
Los enfrentamientos fueron consecuencia de una disputa territorial que ha estado latente por años en la región, específicamente por el control de la finca Tranvía.
Horas antes de los violentos incidentes, los pobladores bloquearon la carretera CA-13, interrumpiendo el tránsito entre Tocoa y Trujillo como medida de presión para exigir el desalojo de los campesinos, quienes aseguran tener derecho a trabajar esas tierras.
El enfrentamiento se habría producido entre campesinos y grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, según el Bufete Jurídico Justicia.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Tres personas resultaron heridas de bala, entre ellas un líder religioso de la iglesia Católica, tras enfrentamientos violentos en el sector de Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, en el Caribe de Honduras.
Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), señaló que los enfrentamientos tuvieron lugar entre pobladores, campesinos y grupos armados insurgentes.
Los enfrentamientos fueron consecuencia de una disputa territorial que ha estado latente por años en la región, específicamente por el control de la finca Tranvía.
Horas antes de los violentos incidentes, los pobladores bloquearon la carretera CA-13, interrumpiendo el tránsito entre Tocoa y Trujillo como medida de presión para exigir el desalojo de los campesinos, quienes aseguran tener derecho a trabajar esas tierras.
El enfrentamiento se habría producido entre campesinos y grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, según el Bufete Jurídico Justicia.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
Según Hugo Maldonado, no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Según los pobladores, los campesinos han ocupado ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años.
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Foto: Cortesía
Tres personas resultaron heridas de bala, entre ellas un líder religioso de la iglesia Católica, tras enfrentamientos violentos en el sector de Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, en el Caribe de Honduras.
Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), señaló que los enfrentamientos tuvieron lugar entre pobladores, campesinos y grupos armados insurgentes.
Los enfrentamientos fueron consecuencia de una disputa territorial que ha estado latente por años en la región, específicamente por el control de la finca Tranvía.
Horas antes de los violentos incidentes, los pobladores bloquearon la carretera CA-13, interrumpiendo el tránsito entre Tocoa y Trujillo como medida de presión para exigir el desalojo de los campesinos, quienes aseguran tener derecho a trabajar esas tierras.
El enfrentamiento se habría producido entre campesinos y grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, según el Bufete Jurídico Justicia.
Los campesinos son señalados de ocupar ilegalmente la finca Tranvía durante los últimos dos años. Este conflicto ha avivado la tensión entre las partes, exacerbando los enfrentamientos recurrentes en la zona.
Los campesinos, respaldados por la Plataforma Agraria, defienden su derecho sobre las tierras en disputa, lo que ha profundizado la polarización y los choques con los pobladores, quienes demandan la restitución de la propiedad.
Los enfrentamientos se tornaron violentos cuando ambos grupos recurrieron al uso de piedras, palos e incluso armas de fuego, lo que resultó en la intervención de la Policía Nacional para intentar restablecer el orden.
Entre los heridos, uno de los más afectados fue Cecilio Guardado, quien recibió varios disparos.
Además, el señor Domingo Mata, un delegado de la palabra de Dios y líder de la iglesia Católica en Quebrada de Arena, también fue alcanzado por los disparos. La tercera persona herida aún no ha sido identificada.
Según informes, el incidente fue captado por una cámara en la comunidad, mostrando cómo las heridas fueron infligidas, presuntamente, por los campesinos, en medio de los enfrentamientos con la policía.
La crisis en el Bajo Aguán continúa: La lucha por la tierra y la violencia persistente
Este nuevo episodio de violencia en el Bajo Aguán refleja una crisis que ha afectado a la región durante años: la disputa por la posesión de tierras. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades y la creciente intervención de grupos criminales están profundizando aún más el conflicto en la zona.
En una reciente entrevista con Radio HRN, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que los políticos son los principales responsables de la crisis.
Maldonado afirmó que no ha existido voluntad política para resolver el conflicto agrario que ha afectado a miles de campesinos en el Bajo Aguán.
Por su parte, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), expresó que la situación en el Bajo Aguán involucra a varios actores, incluidos grupos criminales que buscan sacar provecho de la disputa territorial.
Según Fúnez, las tensiones también se ven alimentadas por sectores políticos que están azuzando a los grupos que reclaman tierras.
En su intervención, Fúnez destacó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se incrementaron las hectáreas invadidas en la región, alcanzando un total de 37,000 hectáreas ocupadas, de las cuales 15,000 hectáreas de palma han sido desalojadas.
Sin embargo, reconoció que la Ley de Modernización Agrícola favorece a la empresa privada, lo que ha generado resistencia de las comunidades campesinas.
El abogado Ramiro Medina también se refirió al conflicto, destacando que las invasiones de tierras generan inseguridad, pobreza y violencia en la región.
Medina señaló que el gobierno es responsable de la falta de acciones efectivas para poner fin a la crisis.
Según él, las invasiones continúan en zonas como Tela, Atlántida, Yoro y Olancho, donde las tensiones por la tierra siguen siendo un problema sin resolver.
Preocupación internacional por la violencia en el Bajo Aguán
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también ha expresado su preocupación por los recientes hechos violentos ocurridos en contra de las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán.
La OACNUDH destacó que los cooperativos de Comorones, Tranvía y El Chile, aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), han sido víctimas de al menos dos muertes violentas, desplazamiento forzado de más de 150 familias, intimidación y amenazas.
La información recibida por la OACNUDH indica que las estructuras del crimen organizado podrían estar detrás de estos actos de violencia, lo que agrava la situación de riesgo para las comunidades campesinas.
En su comunicado, la OACNUDH hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para adoptar medidas de protección efectivas para las familias afectadas y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, investigaciones exhaustivas e imparciales, y castigo a los responsables.
La Oficina también recordó la importancia de implementar el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que busca abordar las causas estructurales del conflicto en la región y promover la paz a través de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán.
