Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Las imágenes no solo muestran su presencia en varios puntos de Tocoa, sino también una reunión con los coautores en un hotel, donde recibió la motocicleta utilizada en el asesinato.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Un aspecto crucial es la serie de videos presentados que registraron los movimientos de Guardado desde la mañana del 14 de septiembre de 2024 hasta horas de la noche.
Las imágenes no solo muestran su presencia en varios puntos de Tocoa, sino también una reunión con los coautores en un hotel, donde recibió la motocicleta utilizada en el asesinato.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Un aspecto crucial es la serie de videos presentados que registraron los movimientos de Guardado desde la mañana del 14 de septiembre de 2024 hasta horas de la noche.
Las imágenes no solo muestran su presencia en varios puntos de Tocoa, sino también una reunión con los coautores en un hotel, donde recibió la motocicleta utilizada en el asesinato.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
El relato de tres testigos protegidos son determinantes. Uno de ellos compartió que un amigo, en conversación con el hermano de Óscar Alexi, escuchó la preocupación de este por el hecho de que su hermano había asesinado al regidor López.
Además, dos testigos oculares identificaron la vestimenta de Guardado el día del crimen, lo que aumentó el peso de la acusación.
Prueba videográfica y la geolocalización
Un aspecto crucial es la serie de videos presentados que registraron los movimientos de Guardado desde la mañana del 14 de septiembre de 2024 hasta horas de la noche.
Las imágenes no solo muestran su presencia en varios puntos de Tocoa, sino también una reunión con los coautores en un hotel, donde recibió la motocicleta utilizada en el asesinato.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
Tres pruebas clave presentadas en la audiencia inicial fueron determinantes para que la jueza con Jurisdicción Nacional en Criminalidad Organizada, Corrupción y Ambiente dictara auto de formal procesamiento contra Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, implicados en el asesinato del ambientalista Juan López.
El relato de tres testigos protegidos son determinantes. Uno de ellos compartió que un amigo, en conversación con el hermano de Óscar Alexi, escuchó la preocupación de este por el hecho de que su hermano había asesinado al regidor López.
Además, dos testigos oculares identificaron la vestimenta de Guardado el día del crimen, lo que aumentó el peso de la acusación.
Prueba videográfica y la geolocalización
Un aspecto crucial es la serie de videos presentados que registraron los movimientos de Guardado desde la mañana del 14 de septiembre de 2024 hasta horas de la noche.
Las imágenes no solo muestran su presencia en varios puntos de Tocoa, sino también una reunión con los coautores en un hotel, donde recibió la motocicleta utilizada en el asesinato.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.
La declaración de testigos protegidos, videos y georreferenciación fueron claves para que la jueza nacional dictara auto de formal procesamiento contra los acusados del asesinato del defensor ambiental Juan López.
Juan López y su asesinato.
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El clamor de justicia se oye a nivel nacional e internacional, piden llegar a los autores intelectuales.
Tres pruebas clave presentadas en la audiencia inicial fueron determinantes para que la jueza con Jurisdicción Nacional en Criminalidad Organizada, Corrupción y Ambiente dictara auto de formal procesamiento contra Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, implicados en el asesinato del ambientalista Juan López.
El relato de tres testigos protegidos son determinantes. Uno de ellos compartió que un amigo, en conversación con el hermano de Óscar Alexi, escuchó la preocupación de este por el hecho de que su hermano había asesinado al regidor López.
Además, dos testigos oculares identificaron la vestimenta de Guardado el día del crimen, lo que aumentó el peso de la acusación.
Prueba videográfica y la geolocalización
Un aspecto crucial es la serie de videos presentados que registraron los movimientos de Guardado desde la mañana del 14 de septiembre de 2024 hasta horas de la noche.
Las imágenes no solo muestran su presencia en varios puntos de Tocoa, sino también una reunión con los coautores en un hotel, donde recibió la motocicleta utilizada en el asesinato.
La tecnología jugó otro papel determinante: el vaciado telefónico y la georreferenciación ubicaron a Guardado a una cuadra de la casa de Juan López y de la iglesia donde asisitó a misa justo antes de ser asesinado.
Observadores y voces que claman justicia
Integrantes del Observatorio de la Violencia de Guapinol y la Fundación San Alonso Rodríguez, de la que Juan López era presidente, estuvieron presentes en la audiencia como observadores.
“Valoramos positivamente este resultado, la prueba ha sido clave”, expresaron tras conocer la decisión de la jueza.
La defensa de los acusados, por su parte, intentó contrarrestar las acusaciones con el testimonio de dos testigos que declararon sobre el paradero y la vestimenta de los acusados el día del crimen.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía inclinó la balanza en favor de la acusación.
Mientras salía de misa, pistoleros a sueldo le arrebataron la vida. Su muerte elevó la alarma sobre la creciente violencia en la región del Aguán, una zona militarizada y asediada por intereses mineros.
Este asesinato no fue un hecho aislado. Juan se convirtió en el cuarto ambientalista asesinado desde 2023 en esta región, un patrón de violencia que desató la indignación internacional.
Congresistas estadounidenses, como Jan Schakowsky, Jim McGovern, Jamie Raskin y Chuy García, exigieron una investigación independiente.
Su asesinato evidencia la peligrosidad de defender el medioambiente en Honduras, un país donde, según Global Witness, al menos 18 activistas fueron asesinados en 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó al gobierno hondureño su compromiso de proteger a los defensores ambientales y acabar con la minería a cielo abierto.