La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
En un comunicado, el SNE-911 argumentó que las publicaciones habían causado daño a las empresas proveedoras involucradas en el proyecto, calificando las notas de prensa como “difamatorias”.
Además, la institución solicitó información detallada sobre los periodistas y ejecutivos responsables de las publicaciones, junto con copias certificadas de los reportajes publicados entre el 14 y el 18 de enero.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
Dichos artículos, enfocados en contratos relacionados con la instalación de cinco mil cámaras de seguridad, señalaron supuestos actos de corrupción vinculados al proyecto “Seguridad al 100”.
En un comunicado, el SNE-911 argumentó que las publicaciones habían causado daño a las empresas proveedoras involucradas en el proyecto, calificando las notas de prensa como “difamatorias”.
Además, la institución solicitó información detallada sobre los periodistas y ejecutivos responsables de las publicaciones, junto con copias certificadas de los reportajes publicados entre el 14 y el 18 de enero.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
La querella fue anunciada el pasado 21 de enero por Miroslava Cerpas, presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, en respuesta a una serie de reportajes investigativos publicados por El Heraldo.
Dichos artículos, enfocados en contratos relacionados con la instalación de cinco mil cámaras de seguridad, señalaron supuestos actos de corrupción vinculados al proyecto “Seguridad al 100”.
En un comunicado, el SNE-911 argumentó que las publicaciones habían causado daño a las empresas proveedoras involucradas en el proyecto, calificando las notas de prensa como “difamatorias”.
Además, la institución solicitó información detallada sobre los periodistas y ejecutivos responsables de las publicaciones, junto con copias certificadas de los reportajes publicados entre el 14 y el 18 de enero.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un llamado al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) de Honduras para que desista de una querella por injurias presentada contra periodistas de diario El Heraldo.
La querella fue anunciada el pasado 21 de enero por Miroslava Cerpas, presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, en respuesta a una serie de reportajes investigativos publicados por El Heraldo.
Dichos artículos, enfocados en contratos relacionados con la instalación de cinco mil cámaras de seguridad, señalaron supuestos actos de corrupción vinculados al proyecto “Seguridad al 100”.
En un comunicado, el SNE-911 argumentó que las publicaciones habían causado daño a las empresas proveedoras involucradas en el proyecto, calificando las notas de prensa como “difamatorias”.
Además, la institución solicitó información detallada sobre los periodistas y ejecutivos responsables de las publicaciones, junto con copias certificadas de los reportajes publicados entre el 14 y el 18 de enero.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
La SIP exige al SNE-911 retirar una querella que podría silenciar investigaciones sobre supuestos actos de corrupción en Honduras.
Imagen referencial del SNE-911. – Foto: Cortesía.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un llamado al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) de Honduras para que desista de una querella por injurias presentada contra periodistas de diario El Heraldo.
La querella fue anunciada el pasado 21 de enero por Miroslava Cerpas, presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, en respuesta a una serie de reportajes investigativos publicados por El Heraldo.
Dichos artículos, enfocados en contratos relacionados con la instalación de cinco mil cámaras de seguridad, señalaron supuestos actos de corrupción vinculados al proyecto “Seguridad al 100”.
En un comunicado, el SNE-911 argumentó que las publicaciones habían causado daño a las empresas proveedoras involucradas en el proyecto, calificando las notas de prensa como “difamatorias”.
Además, la institución solicitó información detallada sobre los periodistas y ejecutivos responsables de las publicaciones, junto con copias certificadas de los reportajes publicados entre el 14 y el 18 de enero.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la querella como “un acto de intimidación” y un intento de “silenciar investigaciones incómodas” sobre la gestión de una institución estatal.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que este tipo de medidas pueden fomentar la autocensura en los medios de comunicación, limitando el derecho del público a acceder a información de interés general.
Jornet recordó que el décimo principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas al poder público.
Asimismo, la SIP destacó que casos como este deberían ser tratados en el ámbito civil, no penal, para garantizar la proporcionalidad y evitar la criminalización del periodismo.
La SIP, cuya misión es la defensa de la libertad de prensa en las Américas, reiteró su compromiso de trabajar para que este tipo de conflictos sean dirimidos sin vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas.
La organización recordó que existe un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos de que las leyes civiles son suficientes para tratar delitos de prensa, evitando represalias penales que limiten la actividad periodística.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en América como parte de su misión.
Con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, la organización reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental que comparten el compromiso de garantizar estos derechos fundamentales.
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