El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
Según el MP, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por 63,839,377.80 de lempiras “mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
Esta acción se relaciona con la compra de ventiladores mecánicos en Estados Unidos durante la emergencia sanitaria.
Según el MP, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por 63,839,377.80 de lempiras “mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
Estos encausados enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude.
Esta acción se relaciona con la compra de ventiladores mecánicos en Estados Unidos durante la emergencia sanitaria.
Según el MP, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por 63,839,377.80 de lempiras “mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
Los acusados son Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de Copeco.
Estos encausados enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude.
Esta acción se relaciona con la compra de ventiladores mecánicos en Estados Unidos durante la emergencia sanitaria.
Según el MP, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por 63,839,377.80 de lempiras “mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra seis exfuncionarios del segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022) por supuestos actos de corrupción en compras de emergencia durante la pandemia de covid-19.
Los acusados son Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de Copeco.
Estos encausados enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude.
Esta acción se relaciona con la compra de ventiladores mecánicos en Estados Unidos durante la emergencia sanitaria.
Según el MP, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por 63,839,377.80 de lempiras “mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.
Entre los exfuncionarios se encuentran Lisandro Rosales, excanciller de Honduras, y Gabriel Rubí, exministro de Copeco, ambos acusados de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra seis exfuncionarios del segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022) por supuestos actos de corrupción en compras de emergencia durante la pandemia de covid-19.
Los acusados son Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de Copeco.
Estos encausados enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude.
Esta acción se relaciona con la compra de ventiladores mecánicos en Estados Unidos durante la emergencia sanitaria.
Según el MP, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas causaron un perjuicio a la población hondureña por 63,839,377.80 de lempiras “mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid-19, ya que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”.
Las investigaciones indican que “estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición; además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, señala el MP.
El ente acusador afirma que los ventiladores adquiridos durante la pandemia continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para los pacientes afectados por el coronavirus.