Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
El Código Penal hondureño tipifica la desaparición forzada en su artículo 140 como un delito que implica penas de 15 a 20 años de prisión y suspensión de la ciudadanía.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
El Código Penal hondureño tipifica la desaparición forzada en su artículo 140 como un delito que implica penas de 15 a 20 años de prisión y suspensión de la ciudadanía.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Según el Sistema 911, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 3,615 denuncias de desapariciones. De estas, 444 ocurrieron sólo en agosto, una cifra alarmante que evidencia una escalada sin freno.
Sin embargo, los datos oficiales están fragmentados. La Dirección Policial de Investigación (DPI) registró 831 desapariciones hasta el 6 de octubre de 2024, de las cuales 313 corresponden a mujeres. (Además: Hondureña de 12 años desapareció tras salir con ‘amiga’ que conoció por redes)
El Código Penal hondureño tipifica la desaparición forzada en su artículo 140 como un delito que implica penas de 15 a 20 años de prisión y suspensión de la ciudadanía.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
En un país donde la desigualdad estructural y la debilidad institucional marcan el rumbo de la justicia, cada caso refleja no solo una tragedia individual, sino también un mensaje silencioso de control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Según el Sistema 911, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 3,615 denuncias de desapariciones. De estas, 444 ocurrieron sólo en agosto, una cifra alarmante que evidencia una escalada sin freno.
Sin embargo, los datos oficiales están fragmentados. La Dirección Policial de Investigación (DPI) registró 831 desapariciones hasta el 6 de octubre de 2024, de las cuales 313 corresponden a mujeres. (Además: Hondureña de 12 años desapareció tras salir con ‘amiga’ que conoció por redes)
El Código Penal hondureño tipifica la desaparición forzada en su artículo 140 como un delito que implica penas de 15 a 20 años de prisión y suspensión de la ciudadanía.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Las mujeres desaparecidas en Honduras son una de las manifestaciones más crudas de la violencia de género.
En un país donde la desigualdad estructural y la debilidad institucional marcan el rumbo de la justicia, cada caso refleja no solo una tragedia individual, sino también un mensaje silencioso de control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Según el Sistema 911, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 3,615 denuncias de desapariciones. De estas, 444 ocurrieron sólo en agosto, una cifra alarmante que evidencia una escalada sin freno.
Sin embargo, los datos oficiales están fragmentados. La Dirección Policial de Investigación (DPI) registró 831 desapariciones hasta el 6 de octubre de 2024, de las cuales 313 corresponden a mujeres. (Además: Hondureña de 12 años desapareció tras salir con ‘amiga’ que conoció por redes)
El Código Penal hondureño tipifica la desaparición forzada en su artículo 140 como un delito que implica penas de 15 a 20 años de prisión y suspensión de la ciudadanía.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
Las desapariciones de mujeres en Honduras reflejan una crisis profunda de derechos humanos, con cientos de denuncias que rara vez se traducen en justicia. El país enfrenta una impunidad estructural y la falta de mecanismos efectivos que perpetúan el dolor de las familias.
“¿Dónde están?” – Un clamor silencioso que refleja la angustia y la incansable búsqueda de las familias hondureñas por sus seres queridos desaparecidos. Cada palabra es un eco de justicia en medio del vacío y la incertidumbre.
Las mujeres desaparecidas en Honduras son una de las manifestaciones más crudas de la violencia de género.
En un país donde la desigualdad estructural y la debilidad institucional marcan el rumbo de la justicia, cada caso refleja no solo una tragedia individual, sino también un mensaje silencioso de control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Según el Sistema 911, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 3,615 denuncias de desapariciones. De estas, 444 ocurrieron sólo en agosto, una cifra alarmante que evidencia una escalada sin freno.
Sin embargo, los datos oficiales están fragmentados. La Dirección Policial de Investigación (DPI) registró 831 desapariciones hasta el 6 de octubre de 2024, de las cuales 313 corresponden a mujeres. (Además: Hondureña de 12 años desapareció tras salir con ‘amiga’ que conoció por redes)
El Código Penal hondureño tipifica la desaparición forzada en su artículo 140 como un delito que implica penas de 15 a 20 años de prisión y suspensión de la ciudadanía.
Esta figura penal responsabiliza a funcionarios públicos, agentes del Estado o personas que actúan con apoyo estatal al privar de libertad a una persona, negando posteriormente su paradero.
No obstante, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierte que, aunque la desaparición forzada está claramente definida, su aplicación enfrenta obstáculos en contextos que no involucran a agentes del Estado, lo que limita la judicialización de estos casos.
Entre 2020 y 2023, no se judicializó ningún caso por desaparición forzada, según el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
En contraste, la privación ilegal de libertad (artículo 235 del Código Penal) se castiga con penas de cinco a siete años de prisión.
Pero la mayoría de estos casos no llegan a juicio. La impunidad no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también normaliza la violencia.
En 2016, Honduras aprobó la Ley de Alerta Temprana “Amber” para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ley obliga a difundir alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, pero su aplicación ha sido errática. En numerosos casos, las alertas se activan con horas de retraso o no se activan en absoluto.
La falta de capacitación y de coordinación interinstitucional limita el impacto de esta herramienta.
“Hay una desconexión entre las instituciones. Las alertas no siempre llegan a las comunidades y, cuando lo hacen, es demasiado tarde”, explica Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil.
Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos impulsan nuevas iniciativas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, propone un sistema nacional de búsqueda específico para mujeres desaparecidas.
A pesar de ser entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional, la iniciativa permanece sin discusión.
Otra propuesta es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta normativa busca reconocer y sancionar diversas formas de violencia, incluyendo la ciber violencia, la violencia laboral e incluso la violencia gineco-obstétrica. “Esta ley podría salvar vidas, pero el Congreso no la prioriza”, agrega Sánchez.
El 20 de diciembre de 2019, Jerly Dariely Molina desapareció en San José de Colinas, Santa Bárbara.
Tres días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Jicatuyo. Su familia había denunciado su desaparición, pero las autoridades actuaron tardíamente.
El caso de Jerly es uno de tantos que reflejan cómo la inacción estatal puede sellar un destino trágico para las mujeres desaparecidas.
A pesar de la indiferencia institucional, las familias no cesan en su búsqueda. Asociaciones como el Foro de Mujeres por la Vida documentan desapariciones, exigen justicia y promueven campañas de sensibilización.
En 2022, esta organización reportó 76 desapariciones en los primeros cuatro meses del año, con Cortés y Comayagua como los departamentos más afectados.
El 5 de agosto de 2024, una mujer de 38 años, reportada como desaparecida desde el 1 de agosto en San Juan, Intibucá, fue encontrada sin vida flotando en un río.
Las dudas sobre su muerte oscilaron entre un accidente o un crimen, pero el hecho de haber sido reportada como desaparecida previamente arroja sombras sobre las circunstancias.
Su familia, desconsolada, sigue buscando respuestas mientras la comunidad exige justicia.
Las desapariciones dejan cicatrices imborrables en las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convivir con la incertidumbre y el dolor constante.
Algunas encuentran a estas mujeres desaparecidas sin vida, mientras que otras se enfrentan a la angustia de no volver a tener noticias de ellas.
La falta de respuestas y la impunidad perpetúan una herida abierta que atraviesa generaciones, dejando un vacío irreparable en cada hogar afectado.
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