Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
A pesar de lo anterior, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró este martes constitucional el decreto 04-2022, conocido como “pacto de impunidad”.
A continuación los hondureños que se han beneficiado de la amnistía política:
“El carretillazo”
Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El problema es que los delitos por los que estaban acusados los funcionarios amnistiados son de corrupción, y no relacionados con las protestas por el golpe de Estado.
A pesar de lo anterior, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró este martes constitucional el decreto 04-2022, conocido como “pacto de impunidad”.
A continuación los hondureños que se han beneficiado de la amnistía política:
“El carretillazo”
Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Esta medida ha beneficiado a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, quien gobernó Honduras entre 2006 y 2009, hasta que un golpe de Estado lo sacó del poder.
El problema es que los delitos por los que estaban acusados los funcionarios amnistiados son de corrupción, y no relacionados con las protestas por el golpe de Estado.
A pesar de lo anterior, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró este martes constitucional el decreto 04-2022, conocido como “pacto de impunidad”.
A continuación los hondureños que se han beneficiado de la amnistía política:
“El carretillazo”
Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
El 2 de febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía que generó controversia y acusaciones de impunidad.
Esta medida ha beneficiado a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, quien gobernó Honduras entre 2006 y 2009, hasta que un golpe de Estado lo sacó del poder.
El problema es que los delitos por los que estaban acusados los funcionarios amnistiados son de corrupción, y no relacionados con las protestas por el golpe de Estado.
A pesar de lo anterior, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró este martes constitucional el decreto 04-2022, conocido como “pacto de impunidad”.
A continuación los hondureños que se han beneficiado de la amnistía política:
“El carretillazo”
Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
La Ley de Amnistía Política otorga el beneficio de absolución de la acción penal contra presos y perseguidos políticos que se opusieron al golpe de Estado.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, declaró este martes constitucional el decreto 04-2022, conocido como “pacto de impunidad”.
–
Foto: Cortesía
El 2 de febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía que generó controversia y acusaciones de impunidad.
Esta medida ha beneficiado a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, quien gobernó Honduras entre 2006 y 2009, hasta que un golpe de Estado lo sacó del poder.
El problema es que los delitos por los que estaban acusados los funcionarios amnistiados son de corrupción, y no relacionados con las protestas por el golpe de Estado.
A pesar de lo anterior, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró este martes constitucional el decreto 04-2022, conocido como “pacto de impunidad”.
A continuación los hondureños que se han beneficiado de la amnistía política:
“El carretillazo”
Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)
Tras el golpe de Estado al expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, principal implicado en el famoso “carretillazo”, fue acusado por la justicia hondureña por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Flores estuvo exiliado en Nicaragua durante 7 años y regresó a Honduras luego de ser beneficiado con la amnistía política aprobada en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Flores Lanza retornó a Honduras el 17 de marzo de 2022, siendo recibido en Casa Presidencial por la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y el expresidente Zelaya Rosales. Actualmente es asesor presidencial.
LatiNode
Marcelo Chimirri, exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
El exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.
El exfuncionario fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatinNode pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
LatinNode supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra LatinNode, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300,000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya.
Chimirri fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16.6 millones de lempiras (678,659 dólares) como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Fue capturado en julio de 2009 en las afueras de una agencia bancaria en Tegucigalpa.
Con la amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. Actualmente es director de un medio de comunicación en la capital.
Desvío de fondos para la pobreza
César Arnulfo Salgado, extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
De acuerdo al expediente judicial, Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza; sin embargo, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
El requerimiento fiscal fue presentado el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el decreto de amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena, firmado tras el golpe de Estado de 2009.
En junio de 2022 un juez decretó la libertad definitiva para el exdirector del FHIS César Arnulfo Salgado, por medio del Decreto de Amnistía 04-2022, declarada constitucional por la actual CSJ.
Salgado enfrentó cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Algo a destacar es que Salgado ya había sido favorecido anteriormente por la misma ley, aplicada a su caso por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. De momento, no se encuentra dentro de la política nacional.
Robo a Hondutel
Germán Enrique Ayala, hermano de la actual diputada de Libre Silvia Ayala
En noviembre de 2023, German Ayala, hermano de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quedó en libertad.
Lo anterior, luego que en abril de 2022 el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le otorgó la aplicación del decreto de amnistía.
El pariente de la diputada guardaba prisión por los delitos de incendio agravado y robo a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El hermano de la congresista del Libre incendió un vehículo de Hondutel el 19 de junio de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
En ese día, un grupo de personas se manifestaban por el monumento a la madre y quemaban llantas, provocando que varios vehículos estuvieron imposibilitados en circular.
Un carro de Hondutel que circulaba por el lugar fue interceptado por los manifestantes, quienes bajaron a los empleados, e incendiaron el vehículo, que quedó como barricada. De allí fue que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.
Desvío de fondos donados por China Taiwán
Rafael Barahona, exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael Barahona fue acusado por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
El supuesto delito consistió en el presunto desvío de 500 mil dólares donados por la Embajada de China Taiwán en el año 2009.
En marzo del 2024 recibió sobreseimiento definitivo gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía Política y actualmente se desempeña como titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Por varios delitos de corrupción
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de SPS
Padilla Sunseri fue uno de los funcionarios cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), pero tuvo que huir de Honduras por los múltiples procesos que enfrentaba.
El 30 de octubre de 2009 se presentó el requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
El exfuncionario municipal se desempeñó tanto de regidor como alcalde municipal, y las acusaciones fueron vinculadas a disposiciones entre el 25 de enero de 2002 y el 24 de enero de 2006.
Posteriormente Padilla Sunseri asumió como alcalde municipal el 25 de enero de 2006, cargo en el que estuvo hasta el 28 de junio de 2009.
Entre 2006 y julio de 2009, en su calidad de alcalde municipal, Padilla Sunseri otorgó 87 préstamos que oscilaban entre 10 mil y 300 mil lempiras.
El 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el exfuncionario por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto de amnistía en tres procesos judiciales.
El jueves 19 de septiembre del presente año, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en un caso del 21 de agosto de 2013 por los delitos de malversación y abuso de autoridad en un proyecto de pavimentación no ejecutado.
¿Qué es la amnistía política y quiénes pueden aplicar?
La “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos.
Las acusaciones incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
