Obras sociales y no cárcel exigen en Gracias a Dios; diputada Urtecho pide reflexión al gobierno

Obras sociales y no cárcel exigen en Gracias a Dios; diputada Urtecho pide reflexión al gobierno

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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El líder comunitario teme que el río se contamine con las aguas negras del presidio, lo que podría ocasionar enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, afirmó que se opondrán al proyecto.

El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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Mofis aseguró en una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que el terreno donde el gobierno planea construir la cárcel para líderes de maras y pandillas está a unos 100 metros de un río que abastece de agua para consumo a la comunidad.

El líder comunitario teme que el río se contamine con las aguas negras del presidio, lo que podría ocasionar enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, afirmó que se opondrán al proyecto.

El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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En Mocorón, “queremos obras sociales que nos beneficien y no desechos de mareros y pandilleros”, declaró Avilés Mofis, presidente de la Federación Indígena Nativa de la Zona de Morocón y Segovia (Finzmos), uno de los consejos territoriales de Gracias a Dios.

Mofis aseguró en una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que el terreno donde el gobierno planea construir la cárcel para líderes de maras y pandillas está a unos 100 metros de un río que abastece de agua para consumo a la comunidad.

El líder comunitario teme que el río se contamine con las aguas negras del presidio, lo que podría ocasionar enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, afirmó que se opondrán al proyecto.

El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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El denominado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) se construiría en Mocorón, una comunidad cuyos habitantes aseguran carecer de agua potable y otros servicios básicos, incluidos los de salud.

En Mocorón, “queremos obras sociales que nos beneficien y no desechos de mareros y pandilleros”, declaró Avilés Mofis, presidente de la Federación Indígena Nativa de la Zona de Morocón y Segovia (Finzmos), uno de los consejos territoriales de Gracias a Dios.

Mofis aseguró en una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que el terreno donde el gobierno planea construir la cárcel para líderes de maras y pandillas está a unos 100 metros de un río que abastece de agua para consumo a la comunidad.

El líder comunitario teme que el río se contamine con las aguas negras del presidio, lo que podría ocasionar enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, afirmó que se opondrán al proyecto.

El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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Las fuerzas vivas del departamento de Gracias a Dios, al este de Honduras, han expresado su rechazo al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad para albergar a privados de libertad de alta peligrosidad.

El denominado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) se construiría en Mocorón, una comunidad cuyos habitantes aseguran carecer de agua potable y otros servicios básicos, incluidos los de salud.

En Mocorón, “queremos obras sociales que nos beneficien y no desechos de mareros y pandilleros”, declaró Avilés Mofis, presidente de la Federación Indígena Nativa de la Zona de Morocón y Segovia (Finzmos), uno de los consejos territoriales de Gracias a Dios.

Mofis aseguró en una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que el terreno donde el gobierno planea construir la cárcel para líderes de maras y pandillas está a unos 100 metros de un río que abastece de agua para consumo a la comunidad.

El líder comunitario teme que el río se contamine con las aguas negras del presidio, lo que podría ocasionar enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, afirmó que se opondrán al proyecto.

El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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Obras sociales y no cárcel exigen en Gracias a Dios; diputada Urtecho pide reflexión al gobierno

“Queremos obras sociales y no desechos de mareros y pandilleros”, dijo uno de los líderes de la comunidad de Mocorón, donde el gobierno planea construir la cárcel para reos de alta peligrosidad.

Autoridades de Defensa y Fuerzas Armadas supervisan terreno donde se prevé la construcción de la cárcel en Gracias a Dios.

Las fuerzas vivas del departamento de Gracias a Dios, al este de Honduras, han expresado su rechazo al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad para albergar a privados de libertad de alta peligrosidad.

El denominado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) se construiría en Mocorón, una comunidad cuyos habitantes aseguran carecer de agua potable y otros servicios básicos, incluidos los de salud.

En Mocorón, “queremos obras sociales que nos beneficien y no desechos de mareros y pandilleros”, declaró Avilés Mofis, presidente de la Federación Indígena Nativa de la Zona de Morocón y Segovia (Finzmos), uno de los consejos territoriales de Gracias a Dios.

Mofis aseguró en una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que el terreno donde el gobierno planea construir la cárcel para líderes de maras y pandillas está a unos 100 metros de un río que abastece de agua para consumo a la comunidad.

El líder comunitario teme que el río se contamine con las aguas negras del presidio, lo que podría ocasionar enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, afirmó que se opondrán al proyecto.

El predio donde las autoridades planean edificar la cárcel fue inspeccionado el martes 26 de noviembre por la secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Este proyecto responde al “compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro”, según indicó la institución en un mensaje publicado en X.

Diputada pide reflexión del gobierno

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, manifestó el martes, en una entrevista en el programa Día Político de TSi, que son 15 los consejos territoriales que le han expresado su preocupación por la construcción del CRE en el departamento.

Por ello, Urtecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reflexionen y trasladen el proyecto a zonas donde no se afecte el ambiente ni se genere inseguridad para las poblaciones.

“No agraven los problemas que tenemos en Gracias a Dios. Hemos visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen porque han afectado la sana convivencia”, expresó la legisladora misquita.

A su juicio, el CRE podría construirse en el Corredor Seco, donde no habría un mayor impacto ambiental ni social. “Pero no afecten al departamento con la mayor riqueza natural y cultural del país”, pidió.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la ejecución de dos proyectos carcelarios de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, en el Caribe, para 2,000 reos, y el CRE entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20,000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones, ya que las empresas participantes en el proceso no cumplen con el requisito de garantías bancarias en bancos hondureños.

A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas sobre el daño que podría causar, el gobierno no ha descartado el proyecto.


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