Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
Las autoridades ejecutaron una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir al menos cinco kilos de cocaína, con destino final al mercado estadounidense.
Su detención marcó el inicio de un proceso que lo llevaría a enfrentar la justicia norteamericana.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El 8 de noviembre de 2018, durante el operativo “Morazán” en la aldea El Naranjito, El Paraíso, Copán, la entonces Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) logró capturar a Guzmán Tobar.
Las autoridades ejecutaron una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir al menos cinco kilos de cocaína, con destino final al mercado estadounidense.
Su detención marcó el inicio de un proceso que lo llevaría a enfrentar la justicia norteamericana.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El 8 de noviembre de 2018, durante el operativo “Morazán” en la aldea El Naranjito, El Paraíso, Copán, la entonces Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) logró capturar a Guzmán Tobar.
Las autoridades ejecutaron una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir al menos cinco kilos de cocaína, con destino final al mercado estadounidense.
Su detención marcó el inicio de un proceso que lo llevaría a enfrentar la justicia norteamericana.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
A sus 31 años, Geffry Darío Guzmán Tobar representó la esperanza de cambio para muchos en el municipio de El Paraíso, Copán. Como candidato a alcalde del partido Libertad y Refundación (Libre), su juventud y carisma parecían prometer una renovación política en la región.
Sin embargo, tras su arresto en noviembre de 2018, salió a la luz una realidad oscura: Guzmán no solo buscó liderar su comunidad, sino que también era un operador clave en el tráfico de drogas, responsable de garantizar la calidad de los cargamentos.
El 8 de noviembre de 2018, durante el operativo “Morazán” en la aldea El Naranjito, El Paraíso, Copán, la entonces Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) logró capturar a Guzmán Tobar.
Las autoridades ejecutaron una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir al menos cinco kilos de cocaína, con destino final al mercado estadounidense.
Su detención marcó el inicio de un proceso que lo llevaría a enfrentar la justicia norteamericana.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
El ascenso y caída de Geffry Darío Guzmán Tobar, un joven político que pasó de buscar la alcaldía en El Paraíso, Copán, a ser acusado como catador de cocaína y operador clave del narcotráfico.
Guzmán Tobar – Guzmán Tobar una pieza clave en el narcotráfico en el occidente de Honduras, ya cumplió condena. Foto creada con IA.
A sus 31 años, Geffry Darío Guzmán Tobar representó la esperanza de cambio para muchos en el municipio de El Paraíso, Copán. Como candidato a alcalde del partido Libertad y Refundación (Libre), su juventud y carisma parecían prometer una renovación política en la región.
Sin embargo, tras su arresto en noviembre de 2018, salió a la luz una realidad oscura: Guzmán no solo buscó liderar su comunidad, sino que también era un operador clave en el tráfico de drogas, responsable de garantizar la calidad de los cargamentos.
El 8 de noviembre de 2018, durante el operativo “Morazán” en la aldea El Naranjito, El Paraíso, Copán, la entonces Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) logró capturar a Guzmán Tobar.
Las autoridades ejecutaron una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir al menos cinco kilos de cocaína, con destino final al mercado estadounidense.
Su detención marcó el inicio de un proceso que lo llevaría a enfrentar la justicia norteamericana.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, el papel de Guzmán en el tráfico de drogas iba más allá de ser un simple intermediario.
Como negociador principal, Guzmán era responsable de garantizar la calidad de la cocaína que enviaban desde Colombia hacia Honduras.
En una ocasión, viajó personalmente a Santa Marta, Colombia, para probar un cargamento antes de que este fuera despachado a Estados Unidos.
“Él personalmente probó la calidad de la cocaína”, afirmaron los fiscales en el proceso en su contra.
El alcance de las operaciones de Guzmán Tobar no se limitó a Honduras. Formó parte de una conspiración internacional que involucró a tres hondureños y seis colombianos, incluyendo al cartel colombiano conocido como “La Sociedad”.
Entre los cómplices estaban figuras como Stephen Parra Yusti, quien lideraba los envíos desde Colombia, y otros operadores clave como Antonio Jurandir Peña y Jorge García Fernández.
Juntos, conspiraron para traficar cientos de toneladas de cocaína al mercado estadounidense.
La DEA interceptó comunicaciones entre Guzmán y sus socios, en las que discutían envíos de hasta 3,000 kilogramos de cocaína.
Estas conversaciones, realizadas a través de dispositivos Blackberry, revelaron la magnitud de las operaciones y la sofisticación de los sistemas de comunicación del cartel.
En reuniones secretas realizadas en San Pedro Sula y Quimistán, Santa Bárbara, Guzmán y sus cómplices ultimaban los detalles logísticos de los envíos.
El 8 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente su extradición a Estados Unidos.
Durante su juicio, Guzmán Tobar enfrentó cargos que lo vincularon directamente con el envío de toneladas de cocaína.
Sin embargo, su tiempo en prisión norteamericana fue relativamente corto. El 25 de agosto de 2022, fue liberado de los registros del Buró de Prisiones y trasladado al Servicio de Inmigración para su deportación a Honduras.
Llegó al país el 26 de septiembre del 2022, por el aeropuerto Ramon Villeda Morales, La Lima, en un vuelo charter en condición de deportado.
Aunque cumplió su condena en Estados Unidos, su pasado como operador del narcotráfico lo sigue acompañando.
Para muchos, su historia simboliza cómo el crimen organizado se infiltró en las esferas políticas, dejando un rastro de corrupción y violencia.
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