“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró al Estado de Honduras responsable de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, mientras que el 29 de agosto de 2023 amplió su fallo a favor de la comunidad de San Juan.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró al Estado de Honduras responsable de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, mientras que el 29 de agosto de 2023 amplió su fallo a favor de la comunidad de San Juan.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
Según el dirigente, el retraso podría estar relacionado con intereses políticos que buscan capitalizar estas acciones de cara a las próximas elecciones.
Contexto de la sentencia
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró al Estado de Honduras responsable de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, mientras que el 29 de agosto de 2023 amplió su fallo a favor de la comunidad de San Juan.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
“La sentencia es clara y debe cumplirse sin cálculos políticos ni intereses partidistas. Aunque en Punta Piedra se ha iniciado el proceso de aplicación, Triunfo de la Cruz y San Juan siguen esperando, y eso ha generado nerviosismo en las comunidades”, afirmó Castillo.
Según el dirigente, el retraso podría estar relacionado con intereses políticos que buscan capitalizar estas acciones de cara a las próximas elecciones.
Contexto de la sentencia
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró al Estado de Honduras responsable de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, mientras que el 29 de agosto de 2023 amplió su fallo a favor de la comunidad de San Juan.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
Humberto Castillo, presidente de de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula (Asafrova), exigió este lunes en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSi que el Estado debe acelerar la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), sobre las tierras ancestrales de Punta Piedra, Iriona en Colón y Triunfo de la Cruz y San Juan en Tela, Atlántida.
“La sentencia es clara y debe cumplirse sin cálculos políticos ni intereses partidistas. Aunque en Punta Piedra se ha iniciado el proceso de aplicación, Triunfo de la Cruz y San Juan siguen esperando, y eso ha generado nerviosismo en las comunidades”, afirmó Castillo.
Según el dirigente, el retraso podría estar relacionado con intereses políticos que buscan capitalizar estas acciones de cara a las próximas elecciones.
Contexto de la sentencia
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró al Estado de Honduras responsable de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, mientras que el 29 de agosto de 2023 amplió su fallo a favor de la comunidad de San Juan.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
Según el líder, el retraso podría estar relacionado con intereses políticos que buscan capitalizar estas acciones de cara a las próximas elecciones.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
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Edición Tu Nota.
Humberto Castillo, presidente de de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula (Asafrova), exigió este lunes en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSi que el Estado debe acelerar la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), sobre las tierras ancestrales de Punta Piedra, Iriona en Colón y Triunfo de la Cruz y San Juan en Tela, Atlántida.
“La sentencia es clara y debe cumplirse sin cálculos políticos ni intereses partidistas. Aunque en Punta Piedra se ha iniciado el proceso de aplicación, Triunfo de la Cruz y San Juan siguen esperando, y eso ha generado nerviosismo en las comunidades”, afirmó Castillo.
Según el dirigente, el retraso podría estar relacionado con intereses políticos que buscan capitalizar estas acciones de cara a las próximas elecciones.
Contexto de la sentencia
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró al Estado de Honduras responsable de violaciones a los derechos humanos contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, mientras que el 29 de agosto de 2023 amplió su fallo a favor de la comunidad de San Juan.
La sentencia también incluyó medidas a favor de Punta Piedra en 2015, exigiendo al Estado garantizar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras otorgadas a estas comunidades.
El saneamiento implica desalojar a quienes ocuparon ilegalmente estas tierras, negociar con quienes la ley permita quedarse y compensar a aquellos que, habiendo comprado de buena fe, prefieran trasladarse a otro lugar.
Además, la Corte ordena indemnizaciones, creación de un fondo de desarrollo comunitario y garantías de no repetición, como la regulación adecuada del sistema de Registro de Propiedad y medidas que protejan el derecho a consulta previa sobre actividades como la minería.
Nerviosismo y tensiones en las comunidades
En el Triunfo de la Cruz, el nerviosismo por los retrasos ha llevado a algunos residentes a tomar acciones que rozan la ilegalidad, como invadir propiedades.
Castillo subrayó que es esencial que los liderazgos locales dialoguen con estas personas para evitar conflictos y recordar que el proceso debe seguirse dentro del marco legal.
“El Estado debe actuar de inmediato, ya existe una mesa de negociación liderada por la Cancillería de la República, Enrique Reina, es el momento de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH y evitar que esta situación escale aún más, no podemos esperar hasta que inicie una campaña política para abordar este tema”, expresó Castillo.
Obligaciones del Estado
La Corte IDH exige al Estado hondureño:
Garantizar el saneamiento y uso legítimo de las tierras comunitarias.
Crear un fondo de desarrollo comunitario como compensación colectiva.
Publicar y transmitir las medidas de satisfacción ordenadas.
Asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.
Continuar y concluir las investigaciones sobre las muertes y denuncias vinculadas al caso, incluyendo la de Félix Ordóñez Suazo.
Los dirigentes garífunas advierten que cumplir esta sentencia no es negociable ni debe ser manipulado políticamente.
