Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Entre sus reclamos, destaca la falta de una defensa adecuada, alegando que su abogado, Avraham Moskowitz, no exploró alternativas cruciales para su caso.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
En 15 puntos clave, Fuentes Ramírez argumenta que se violaron sus derechos constitucionales.
Entre sus reclamos, destaca la falta de una defensa adecuada, alegando que su abogado, Avraham Moskowitz, no exploró alternativas cruciales para su caso.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
En 15 puntos clave, Fuentes Ramírez argumenta que se violaron sus derechos constitucionales.
Entre sus reclamos, destaca la falta de una defensa adecuada, alegando que su abogado, Avraham Moskowitz, no exploró alternativas cruciales para su caso.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Sentenciado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico, Fuentes Ramírez presentó una moción ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando anular el fallo que lo condenó en 2022.
El caso no ha estado exento de controversias. Aunque en enero de 2024 su apelación fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el hondureño insiste en que su juicio estuvo plagado de irregularidades.
En 15 puntos clave, Fuentes Ramírez argumenta que se violaron sus derechos constitucionales.
Entre sus reclamos, destaca la falta de una defensa adecuada, alegando que su abogado, Avraham Moskowitz, no exploró alternativas cruciales para su caso.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Recluido en la penitenciaría USP Coleman I en Florida, hogar de más de 1,300 prisioneros, el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez libra una nueva batalla legal.
Sentenciado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico, Fuentes Ramírez presentó una moción ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando anular el fallo que lo condenó en 2022.
El caso no ha estado exento de controversias. Aunque en enero de 2024 su apelación fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el hondureño insiste en que su juicio estuvo plagado de irregularidades.
En 15 puntos clave, Fuentes Ramírez argumenta que se violaron sus derechos constitucionales.
Entre sus reclamos, destaca la falta de una defensa adecuada, alegando que su abogado, Avraham Moskowitz, no exploró alternativas cruciales para su caso.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
Desde una prisión de alta seguridad en Florida, Geovanny Fuentes Ramírez argumenta negligencia de su defensa y errores constitucionales en un caso que sacudió el sistema judicial estadounidense.
Fuentes Ramírez – La prisión de alta seguridad USP Coleman I en Florida, donde Geovanny Fuentes Ramírez cumple su condena, se convierte en el escenario de una nueva batalla legal por justicia. Foto creada con IA.
Recluido en la penitenciaría USP Coleman I en Florida, hogar de más de 1,300 prisioneros, el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez libra una nueva batalla legal.
Sentenciado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico, Fuentes Ramírez presentó una moción ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando anular el fallo que lo condenó en 2022.
El caso no ha estado exento de controversias. Aunque en enero de 2024 su apelación fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el hondureño insiste en que su juicio estuvo plagado de irregularidades.
En 15 puntos clave, Fuentes Ramírez argumenta que se violaron sus derechos constitucionales.
Entre sus reclamos, destaca la falta de una defensa adecuada, alegando que su abogado, Avraham Moskowitz, no exploró alternativas cruciales para su caso.
“Mi historia habría sido diferente si mi abogado hubiera cumplido con su deber,” sostiene.
Según Fuentes, incluso para la lectura de su sentencia fue asistido por un defensor público, John M. Burke, lo que resalta la precariedad de su representación legal.
El hondureño acusa que las pruebas presentadas en su juicio carecían de fundamentos sólidos.
Fotografías de armas, dinero en efectivo y chalecos antibalas, según alega, no cumplían con los estándares de evidencia establecidos en las Reglas Federales de Evidencia.
Además, alega que no se presentaron pruebas físicas de su participación en la conspiración que se le imputó.
“No hubo drogas, huellas dactilares, ni documentación incriminatoria. Solo viajes personales,” argumenta en su moción.
Fuentes también cuestiona la validez del testimonio de un testigo cooperante, quien, según él, tenía interés en reducir su propia condena, lo que resultó en un sesgo evidente en su contra.
El núcleo del reclamo del hondureño radica en que su proceso violó principios fundamentales de la quinta, sexta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Señala que el juez Kevin Castel no investigó profundamente las acusaciones y permitió un fallo basado en especulaciones.
“El Gobierno debía probar más allá de la duda razonable, pero la corte aceptó acusaciones débiles,” insiste Fuentes.
Geovanny Fuentes Ramírez solicitó además, que se le asigne un nuevo abogado, asegurando que no cuenta con recursos para pagar su defensa y que enfrenta barreras lingüísticas al no hablar inglés.
Aspira a que la Corte del Distrito le otorgue un nuevo juicio, argumentando que su condena actual no solo es desproporcionada, sino injusta.
El caso de Fuentes Ramírez es una mirada al funcionamiento del sistema judicial estadounidense frente a delitos de alto perfil.
Mientras él clama justicia desde su celda en Florida, los tribunales enfrentan la decisión de reabrir un caso que ya ha sido juzgado y apelado.
La batalla legal de este hondureño desafía las percepciones sobre el debido proceso y la efectividad del sistema de defensa pública, dejando abierta la pregunta: ¿puede el sistema corregir un error si este se produjo?
Desde la soledad de su celda en una prisión de máxima seguridad, Geovanny Fuentes Ramírez no solo busca revertir su condena, sino también reivindicar su derecho a un juicio justo.
Su historia, lejos de terminar, sigue siendo un recordatorio de que, incluso tras las rejas, la lucha por la justicia no tiene fin.
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