Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
La cuenta regresiva está en marcha. Honduras enfrenta una decisión que cambiará su postura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el tratado de extradición está a punto de expirar.
Expertos advierten que su desaparición fortalecerá a las estructuras criminales y dejará al país vulnerable.
Un retroceso en la lucha contra el narcotráfico
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
El 28 de agosto de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la decisión de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, acusando a Washington de “injerencia” en los asuntos internos del país.
La cuenta regresiva está en marcha. Honduras enfrenta una decisión que cambiará su postura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el tratado de extradición está a punto de expirar.
Expertos advierten que su desaparición fortalecerá a las estructuras criminales y dejará al país vulnerable.
Un retroceso en la lucha contra el narcotráfico
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
El fin del tratado parece inminente. Las señales de que el gobierno de Honduras revierta su decisión son prácticamente nulas, a pesar de los llamados de diversos sectores que ven este movimiento como un golpe a la lucha contra el crimen organizado.
El 28 de agosto de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la decisión de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, acusando a Washington de “injerencia” en los asuntos internos del país.
La cuenta regresiva está en marcha. Honduras enfrenta una decisión que cambiará su postura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el tratado de extradición está a punto de expirar.
Expertos advierten que su desaparición fortalecerá a las estructuras criminales y dejará al país vulnerable.
Un retroceso en la lucha contra el narcotráfico
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
Esta herramienta expuso cómo las estructuras criminales cooptaron instituciones y desmantelaron redes de tráfico de drogas con alcance internacional.
El fin del tratado parece inminente. Las señales de que el gobierno de Honduras revierta su decisión son prácticamente nulas, a pesar de los llamados de diversos sectores que ven este movimiento como un golpe a la lucha contra el crimen organizado.
El 28 de agosto de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la decisión de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, acusando a Washington de “injerencia” en los asuntos internos del país.
La cuenta regresiva está en marcha. Honduras enfrenta una decisión que cambiará su postura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el tratado de extradición está a punto de expirar.
Expertos advierten que su desaparición fortalecerá a las estructuras criminales y dejará al país vulnerable.
Un retroceso en la lucha contra el narcotráfico
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
A pocos días de que el tratado de extradición deje de estar vigente, crece la incertidumbre sobre las consecuencias para un país que, desde 2014, ha visto a más de 60 narcotraficantes extraditados.
Esta herramienta expuso cómo las estructuras criminales cooptaron instituciones y desmantelaron redes de tráfico de drogas con alcance internacional.
El fin del tratado parece inminente. Las señales de que el gobierno de Honduras revierta su decisión son prácticamente nulas, a pesar de los llamados de diversos sectores que ven este movimiento como un golpe a la lucha contra el crimen organizado.
El 28 de agosto de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la decisión de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, acusando a Washington de “injerencia” en los asuntos internos del país.
La cuenta regresiva está en marcha. Honduras enfrenta una decisión que cambiará su postura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el tratado de extradición está a punto de expirar.
Expertos advierten que su desaparición fortalecerá a las estructuras criminales y dejará al país vulnerable.
Un retroceso en la lucha contra el narcotráfico
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.
La inminente pérdida del tratado de extradición pone en jaque la lucha contra el crimen organizado en Honduras. Analistas advierten sobre las consecuencias de esta decisión y el impacto de la designación de carteles y pandillas como grupos terroristas por parte de Estados Unidos.
La decisión de finalizar el tratado ha generado diversas reacciones, con algunos sectores señalando que podría debilitar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
A pocos días de que el tratado de extradición deje de estar vigente, crece la incertidumbre sobre las consecuencias para un país que, desde 2014, ha visto a más de 60 narcotraficantes extraditados.
Esta herramienta expuso cómo las estructuras criminales cooptaron instituciones y desmantelaron redes de tráfico de drogas con alcance internacional.
El fin del tratado parece inminente. Las señales de que el gobierno de Honduras revierta su decisión son prácticamente nulas, a pesar de los llamados de diversos sectores que ven este movimiento como un golpe a la lucha contra el crimen organizado.
El 28 de agosto de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció la decisión de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, acusando a Washington de “injerencia” en los asuntos internos del país.
La cuenta regresiva está en marcha. Honduras enfrenta una decisión que cambiará su postura en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el tratado de extradición está a punto de expirar.
Expertos advierten que su desaparición fortalecerá a las estructuras criminales y dejará al país vulnerable.
Un retroceso en la lucha contra el narcotráfico
Para Seyda González, criminóloga, eliminar el tratado es “un retroceso” que debilita las capacidades del país para combatir al narcotráfico. Según la experta, la falta de estrategia y la corrupción generalizada complican aún más el panorama.
“Honduras está en una etapa crítica. Este cáncer del crimen organizado abarca todo el país y traspasa fronteras. La extradición era una herramienta clave, y su eliminación fortalece a las estructuras criminales”, opina.
González, también cuestiona si esta decisión busca proteger a funcionarios de alto rango. “Es como apagar una luz en medio del camino. El debilitamiento de herramientas claves protege a figuras de alto perfil y agrava una crisis estructural que ya tiene al país sumido en una lucha desigual contra el crimen”, advierte.
El Auto Acordado sobre Extradición Pasiva fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 11 de junio de 2013.
Este instrumento establece el procedimiento a seguir en casos de extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita la extradición de una persona que se encuentra en territorio hondureño.
Es importante destacar que, aunque Honduras no cuenta con una ley específica de extradición, este Auto Acordado ha sido la herramienta principal para regular los procesos de extradición en el país desde su aprobación.
La sombra de los carteles como grupos terroristas
La situación de Honduras se complica con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a carteles y pandillas como grupos terroristas.
Según Rodolfo Dumas, abogado y analista, esta decisión amplía el alcance de las autoridades estadounidenses para actuar contra estas organizaciones, incluso fuera de sus fronteras.
“Esto incluye la posibilidad de perseguir a estas estructuras globalmente, limitar transacciones financieras y hasta afectar temas migratorios”, advierte Dumas.
El impacto podría extenderse a las remesas, una fuente vital para la economía hondureña, si se detectan vínculos con grupos criminales.
Dumas también señala que esta medida podría desencadenar sanciones contra Honduras si el país no coopera con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.
“Sin un tratado de extradición y con esta nueva designación, el panorama para Honduras se complica”, afirma.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump designa a carteles de la droga y pandillas como la MS-13 como grupos terroristas.
El tratado de extradición expira y no hay visos de mantenerlo. Foto creada con IA.
Consecuencias inmediatas para Honduras
Kenneth Madrid, también analista, señala que sin un marco legal claro tras la expiración del tratado, la extradición dependerá de acuerdos multilaterales que carecen de la misma efectividad. Esto debilitará aún más la capacidad de enfrentar a los carteles.
“La desaparición del tratado significa que los líderes criminales percibirán a Honduras como un santuario. Esto traerá consigo un aumento en la violencia, desplazamientos forzados y conflictos entre bandas”, advierte.
Madrid también recalca que la designación de carteles como terroristas podría intensificar la vigilancia sobre ciudadanos hondureños, tanto dentro como fuera del país, y derivar en estigmatización.
Un clamor por rectificar
A medida que el tiempo se agota, el consenso entre los analistas es claro: el gobierno hondureño debe dar un giro y reconsiderar su posición respecto al tratado de extradición.
Esta herramienta ha sido clave en la cooperación internacional para desarticular redes criminales que no solo operan en Honduras, sino que tienen vínculos globales.
La posibilidad de un escenario donde los carteles se reorganicen y operen con mayor impunidad es una realidad latente.
Para los expertos, la decisión del gobierno hondureño será crucial para definir si el país avanza en la lucha contra el crimen organizado o retrocede a un escenario de violencia y caos.
El reloj sigue avanzando y, con él, la esperanza de que el gobierno hondureño rectifique antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un futuro incierto donde el crimen organizado podría consolidar su poder y las consecuencias para la población serían devastadoras.