En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
“Nosotros vivimos de lo que hacemos a diario y del bono compensatorio, pero estas estructuras no comprenden nuestra realidad y exigen el pago, independientemente de nuestra situación financiera”, añadió.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
El dirigente lamentó que el transporte público continúe “de rodillas”, luchando contra la extorsión mientras intenta mantener sus operaciones.
“Nosotros vivimos de lo que hacemos a diario y del bono compensatorio, pero estas estructuras no comprenden nuestra realidad y exigen el pago, independientemente de nuestra situación financiera”, añadió.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
La voracidad de los extorsionadores también aumenta en la temporada navideña, cuando exigen doble pago por concepto de “aguinaldo”.
El dirigente lamentó que el transporte público continúe “de rodillas”, luchando contra la extorsión mientras intenta mantener sus operaciones.
“Nosotros vivimos de lo que hacemos a diario y del bono compensatorio, pero estas estructuras no comprenden nuestra realidad y exigen el pago, independientemente de nuestra situación financiera”, añadió.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
“En San Pedro Sula hay varias rutas detenidas, y en Tegucigalpa estamos enfrentando las mismas circunstancias. Estas estructuras criminales quieren que la Semana Morazánica la paguemos el doble, porque ellos también se van de vacaciones”, afirmó Cálix a un medio de comunicación.
La voracidad de los extorsionadores también aumenta en la temporada navideña, cuando exigen doble pago por concepto de “aguinaldo”.
El dirigente lamentó que el transporte público continúe “de rodillas”, luchando contra la extorsión mientras intenta mantener sus operaciones.
“Nosotros vivimos de lo que hacemos a diario y del bono compensatorio, pero estas estructuras no comprenden nuestra realidad y exigen el pago, independientemente de nuestra situación financiera”, añadió.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, denunció el miércoles que los grupos delictivos están exigiendo pagos dobles de extorsión durante esta Semana Morazánica, lo que agrava aún más la ya precaria situación económica del rubro.
“En San Pedro Sula hay varias rutas detenidas, y en Tegucigalpa estamos enfrentando las mismas circunstancias. Estas estructuras criminales quieren que la Semana Morazánica la paguemos el doble, porque ellos también se van de vacaciones”, afirmó Cálix a un medio de comunicación.
La voracidad de los extorsionadores también aumenta en la temporada navideña, cuando exigen doble pago por concepto de “aguinaldo”.
El dirigente lamentó que el transporte público continúe “de rodillas”, luchando contra la extorsión mientras intenta mantener sus operaciones.
“Nosotros vivimos de lo que hacemos a diario y del bono compensatorio, pero estas estructuras no comprenden nuestra realidad y exigen el pago, independientemente de nuestra situación financiera”, añadió.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
Dirigente lamentó que el transporte público continúe “de rodillas” luchando contra la extorsión mientras intenta mantener sus operaciones.
en 2023 el gremio de transporte pagó entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales. – Foto: tunota
El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, denunció el miércoles que los grupos delictivos están exigiendo pagos dobles de extorsión durante esta Semana Morazánica, lo que agrava aún más la ya precaria situación económica del rubro.
“En San Pedro Sula hay varias rutas detenidas, y en Tegucigalpa estamos enfrentando las mismas circunstancias. Estas estructuras criminales quieren que la Semana Morazánica la paguemos el doble, porque ellos también se van de vacaciones”, afirmó Cálix a un medio de comunicación.
La voracidad de los extorsionadores también aumenta en la temporada navideña, cuando exigen doble pago por concepto de “aguinaldo”.
El dirigente lamentó que el transporte público continúe “de rodillas”, luchando contra la extorsión mientras intenta mantener sus operaciones.
“Nosotros vivimos de lo que hacemos a diario y del bono compensatorio, pero estas estructuras no comprenden nuestra realidad y exigen el pago, independientemente de nuestra situación financiera”, añadió.
La situación es crítica cada año, solo en 2023 el transporte público ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras a grupos criminales, a pesar de medidas como el estado de excepción.
La extorsión genera desempleo, inseguridad migración y aumento de la violencia en las comunidades, sostienen los transportistas.
En los últimos catorce años, más de cinco mil conductores del transporte público han sido asesinados por no pagar extorsión en Honduras y Guatemala.
Pero a pesar de la gravedad del problema, las acciones de las autoridades hondureñas siguen siendo insuficientes, por lo que los transportistas piden una respuesta más efectiva de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta crisis que amenaza su supervivencia y la de miles de familias que dependen de este sector.
En todo 2023, la economía de Honduras creció un 3.8% a pesar del entorno internacional adverso y una menor demanda…
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