2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
La portación ilegal de armas resalta la problemática del acceso indiscriminado a armamento, mientras que los casos de tráfico de drogas agravado subrayan el papel de Honduras como punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
La extorsión, atribuida en su mayoría a estructuras criminales, continúa siendo un desafío monumental para las autoridades.
La portación ilegal de armas resalta la problemática del acceso indiscriminado a armamento, mientras que los casos de tráfico de drogas agravado subrayan el papel de Honduras como punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
La extorsión, atribuida en su mayoría a estructuras criminales, continúa siendo un desafío monumental para las autoridades.
La portación ilegal de armas resalta la problemática del acceso indiscriminado a armamento, mientras que los casos de tráfico de drogas agravado subrayan el papel de Honduras como punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Este volumen expone las tendencias de criminalidad que más aquejan al país. La extorsión encabezó la lista con 187 casos, consolidándose como el delito más recurrente en ese departamento con 1.3 millones de habitantes, según datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La extorsión, atribuida en su mayoría a estructuras criminales, continúa siendo un desafío monumental para las autoridades.
La portación ilegal de armas resalta la problemática del acceso indiscriminado a armamento, mientras que los casos de tráfico de drogas agravado subrayan el papel de Honduras como punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
Durante los primeros seis meses de 2024, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Francisco Morazán recibió 1,274 procesos penales, en los que predominó la extorsión.
Este volumen expone las tendencias de criminalidad que más aquejan al país. La extorsión encabezó la lista con 187 casos, consolidándose como el delito más recurrente en ese departamento con 1.3 millones de habitantes, según datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La extorsión, atribuida en su mayoría a estructuras criminales, continúa siendo un desafío monumental para las autoridades.
La portación ilegal de armas resalta la problemática del acceso indiscriminado a armamento, mientras que los casos de tráfico de drogas agravado subrayan el papel de Honduras como punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
El Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Francisco Morazán abrió 1,274 procesos penales entre enero y junio de 2024. La extorsión lideró las acusaciones con 187 casos.
Durante los primeros seis meses de 2024, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Francisco Morazán recibió 1,274 procesos penales, en los que predominó la extorsión.
Este volumen expone las tendencias de criminalidad que más aquejan al país. La extorsión encabezó la lista con 187 casos, consolidándose como el delito más recurrente en ese departamento con 1.3 millones de habitantes, según datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La extorsión, atribuida en su mayoría a estructuras criminales, continúa siendo un desafío monumental para las autoridades.
La portación ilegal de armas resalta la problemática del acceso indiscriminado a armamento, mientras que los casos de tráfico de drogas agravado subrayan el papel de Honduras como punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.
En el otro extremo, se encuentran delitos como homicidio, usurpación y explotación ilegal de recursos naturales, cada uno con apenas un caso registrado.
Aunque representan una baja incidencia, estos procesos suelen tener un alto impacto en la percepción de justicia, especialmente en comunidades afectadas.
Participación femenina en delitos judicializados
En los procesos penales del semestre, 390 mujeres fueron judicializadas por diversos delitos. Entre estos destacan:
68 por extorsión y 24 por extorsión continuada.
64 por porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y 4 por tenencia de municiones de uso permitido.
28 por tráfico de drogas y 19 por lavado de activos.
15 por violación de los deberes de los funcionarios y 6 por abuso de autoridad.
Otros casos incluyen 27 por incendio cualificado, 31 por asesinato y 27 por tentativa inacabada de asesinato.
Estos datos resaltan el rol creciente de mujeres en actividades delictivas graves, especialmente en crímenes organizados como extorsión y narcotráfico.
Corrupción y crimen organizado
El informe revela también el procesamiento de delitos relacionados con corrupción estatal, como la violación de los deberes de los funcionarios (52 casos), la malversación de caudales públicos (4 casos) y el prevaricato administrativo (12 casos).
Aunque representan una menor proporción del total, estos delitos son críticos para la percepción de transparencia institucional.
Crímenes como contrabando y lavado de activos reflejan la participación de imputados de países vecinos, como Nicaragua y Colombia, consolidando a Honduras como un punto estratégico para redes internacionales.
Por ejemplo, se registraron 42 procesos por contrabando y 70 por lavado de activos, reflejando la vulnerabilidad de Honduras ante esas redes.
Un sistema judicial con múltiples retos
El sistema judicial enfrenta el desafío de responder a la alta incidencia de delitos como extorsión y tráfico de drogas, sin descuidar la atención a crímenes menos comunes pero igual de graves que se cometen en el país.
Asimismo, la judicialización de mujeres destaca una complejidad adicional, ya que estas no solo actúan como víctimas en contextos de criminalidad, sino también como perpetradoras en redes delictivas organizadas.
Con un panorama tan diverso y complejo, el fortalecimiento de la capacidad investigativa y judicial será clave para reducir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones hondureñas.
Penas por delito de extorsión en Honduras
El artículo 373 del Código Penal señala que: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.
Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.
Agravantes en el delito de extorsión en Honduras
El artículo 374 establece que: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado;
2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;
3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o,
4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.
