López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
En ese sentido, el abogado destacó que, si bien las capturas son un paso importante, no son suficientes para satisfacer la demanda de justicia de la familia y del comité municipal de defensa de los bienes comunes.
“Toda detención vinculada solo a los autores materiales no satisface completamente la exigencia de justicia en este caso”, añadió, reiterando el llamado a que las investigaciones lleguen también a los autores intelectuales.
Investigaciones y dudas sobre los autores intelectuales
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
“No tenemos más conocimiento que lo que se ha ventilado públicamente y lo que ha dicho la Policía Nacional. Aquí hay cuatro detenidos, esperamos que estas detenciones estén totalmente sustentadas y que realmente sean estas personas quienes cometieron el hecho, ya sea como autores materiales, cómplices o encubridores, cualquiera que sea el grado de responsabilidad penal“, afirmó Tábora.
En ese sentido, el abogado destacó que, si bien las capturas son un paso importante, no son suficientes para satisfacer la demanda de justicia de la familia y del comité municipal de defensa de los bienes comunes.
“Toda detención vinculada solo a los autores materiales no satisface completamente la exigencia de justicia en este caso”, añadió, reiterando el llamado a que las investigaciones lleguen también a los autores intelectuales.
Investigaciones y dudas sobre los autores intelectuales
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Edy Tábora, representante legal de la familia de Juan López y de los defensores de los bienes comunes de Tocoa, Colón, se pronunció sobre las recientes detenciones y subrayó la necesidad de ampliar la investigación hacia los autores intelectuales del crimen.
“No tenemos más conocimiento que lo que se ha ventilado públicamente y lo que ha dicho la Policía Nacional. Aquí hay cuatro detenidos, esperamos que estas detenciones estén totalmente sustentadas y que realmente sean estas personas quienes cometieron el hecho, ya sea como autores materiales, cómplices o encubridores, cualquiera que sea el grado de responsabilidad penal“, afirmó Tábora.
En ese sentido, el abogado destacó que, si bien las capturas son un paso importante, no son suficientes para satisfacer la demanda de justicia de la familia y del comité municipal de defensa de los bienes comunes.
“Toda detención vinculada solo a los autores materiales no satisface completamente la exigencia de justicia en este caso”, añadió, reiterando el llamado a que las investigaciones lleguen también a los autores intelectuales.
Investigaciones y dudas sobre los autores intelectuales
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
A pesar de las recientes capturas de sospechosos, los expertos señalan la necesidad de esclarecer la participación de actores de alto perfil que podrían haber fraguado el homicidio, exigiendo una justicia completa que abarque todos los niveles de responsabilidad.
Edy Tábora, representante legal de la familia de Juan López y de los defensores de los bienes comunes de Tocoa, Colón, se pronunció sobre las recientes detenciones y subrayó la necesidad de ampliar la investigación hacia los autores intelectuales del crimen.
“No tenemos más conocimiento que lo que se ha ventilado públicamente y lo que ha dicho la Policía Nacional. Aquí hay cuatro detenidos, esperamos que estas detenciones estén totalmente sustentadas y que realmente sean estas personas quienes cometieron el hecho, ya sea como autores materiales, cómplices o encubridores, cualquiera que sea el grado de responsabilidad penal“, afirmó Tábora.
En ese sentido, el abogado destacó que, si bien las capturas son un paso importante, no son suficientes para satisfacer la demanda de justicia de la familia y del comité municipal de defensa de los bienes comunes.
“Toda detención vinculada solo a los autores materiales no satisface completamente la exigencia de justicia en este caso”, añadió, reiterando el llamado a que las investigaciones lleguen también a los autores intelectuales.
Investigaciones y dudas sobre los autores intelectuales
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Luego de recientes capturas, analistas han instado a las autoridades hondureñas a que las investigaciones sobre el asesinato del ambientalista Juan López no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a identificar y procesar a los autores intelectuales detrás del crimen.
A pesar de las recientes capturas de sospechosos, los expertos señalan la necesidad de esclarecer la participación de actores de alto perfil que podrían haber fraguado el homicidio, exigiendo una justicia completa que abarque todos los niveles de responsabilidad.
Edy Tábora, representante legal de la familia de Juan López y de los defensores de los bienes comunes de Tocoa, Colón, se pronunció sobre las recientes detenciones y subrayó la necesidad de ampliar la investigación hacia los autores intelectuales del crimen.
“No tenemos más conocimiento que lo que se ha ventilado públicamente y lo que ha dicho la Policía Nacional. Aquí hay cuatro detenidos, esperamos que estas detenciones estén totalmente sustentadas y que realmente sean estas personas quienes cometieron el hecho, ya sea como autores materiales, cómplices o encubridores, cualquiera que sea el grado de responsabilidad penal“, afirmó Tábora.
En ese sentido, el abogado destacó que, si bien las capturas son un paso importante, no son suficientes para satisfacer la demanda de justicia de la familia y del comité municipal de defensa de los bienes comunes.
“Toda detención vinculada solo a los autores materiales no satisface completamente la exigencia de justicia en este caso”, añadió, reiterando el llamado a que las investigaciones lleguen también a los autores intelectuales.
Investigaciones y dudas sobre los autores intelectuales
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
Expertos coinciden en que, además de las capturas de sospechosos de ser actores materiales, se investigue a los intelectuales del crimen contra Juan López.
Una imagen en vida del ambientalista Juan López, asesinado hace más de 20 días.
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Foto: cortesía
Luego de recientes capturas, analistas han instado a las autoridades hondureñas a que las investigaciones sobre el asesinato del ambientalista Juan López no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a identificar y procesar a los autores intelectuales detrás del crimen.
A pesar de las recientes capturas de sospechosos, los expertos señalan la necesidad de esclarecer la participación de actores de alto perfil que podrían haber fraguado el homicidio, exigiendo una justicia completa que abarque todos los niveles de responsabilidad.
Edy Tábora, representante legal de la familia de Juan López y de los defensores de los bienes comunes de Tocoa, Colón, se pronunció sobre las recientes detenciones y subrayó la necesidad de ampliar la investigación hacia los autores intelectuales del crimen.
“No tenemos más conocimiento que lo que se ha ventilado públicamente y lo que ha dicho la Policía Nacional. Aquí hay cuatro detenidos, esperamos que estas detenciones estén totalmente sustentadas y que realmente sean estas personas quienes cometieron el hecho, ya sea como autores materiales, cómplices o encubridores, cualquiera que sea el grado de responsabilidad penal“, afirmó Tábora.
En ese sentido, el abogado destacó que, si bien las capturas son un paso importante, no son suficientes para satisfacer la demanda de justicia de la familia y del comité municipal de defensa de los bienes comunes.
“Toda detención vinculada solo a los autores materiales no satisface completamente la exigencia de justicia en este caso”, añadió, reiterando el llamado a que las investigaciones lleguen también a los autores intelectuales.
Investigaciones y dudas sobre los autores intelectuales
Por su parte, el abogado penalista, Germán Licona, también expresó su escepticismo respecto a la profundidad de las investigaciones. Aunque valoró los avances de las autoridades en cuanto a las capturas, recalcó la importancia de llevar las investigaciones hasta los niveles más altos de responsabilidad.
“Esperamos que la investigación no solo llegue a las personas que cometieron el hecho material, sino también a todos los que fraguaron toda una maquinación perversa para darle muerte a este ciudadano”, señaló Licona.
Y es que según el analista, es fundamental que la investigación cuente con la evidencia técnico-científica necesaria para esclarecer tanto el móvil como la participación de actores políticos y económicos en el crimen.
Asimismo, Licona también destacó que el comité de defensa municipal exige la intervención de organismos internacionales en la investigación, dada la magnitud del caso y la implicación de actores poderosos en la región.
“El mundo ha condenado la muerte de este defensor del medio ambiente. Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”, aseguró.
‘Hay mucho que investigar’
Por su parte, Marco Baday, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos (Conafeph), también se pronunció sobre las detenciones, expresando su preocupación por la impunidad y la violencia sistemática contra los defensores de la tierra en Honduras.
“Lamentablemente, en Honduras opera el crimen sin ningún tipo de control. La impunidad está prácticamente a la luz del día. Lamentamos los asesinatos de los ambientalistas y dirigentes que luchan por la legalización de la tierra, quienes han sido vilmente asesinados, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, no hay ninguna persona capturada.”, afirmó Baday a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Además, el profesional del derecho reiteró el llamado a que las investigaciones no se limiten a los autores materiales, sino que se extiendan a los actores intelectuales, aquellos con intereses económicos y políticos en la región que podrían estar involucrados en el asesinato de López.
Al mismo tiempo, Baday mencionó que las muertes de otros defensores del medio ambiente, como Abel Amaya en Villanueva y Juan Vázquez en Cañaveral, aún no han sido resueltas, y sus familias siguen exigiendo justicia.
De igual manera, indicó que algunas empresas involucradas en proyectos mineros en la región deben ser investigadas, ya que estos proyectos fueron señalados por López y otros ambientalistas como una amenaza para los recursos naturales de la zona.
“Estamos hablando de que se estaban desarrollando proyectos ambientales para generar y captar ingresos. También se deben investigar a las empresas que estaban desarrollando o pretendiendo desarrollar estos proyectos, porque ellas son las que prácticamente se vieron afectadas por esta problemática y por las exigencias de los ambientalistas“, puntualizó Baday.
Un crimen que conmocionó a Honduras
Las autoridades hondureñas han capturado a cuatro sospechosos en relación con el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre de 2024.
Estas detenciones incluyen a presuntos autores materiales del crimen, aunque las demandas por una investigación más exhaustiva persisten.
Dicho caso ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la lucha que López lideraba en defensa de los bienes comunes y su oposición a proyectos mineros en la región.
Reacciones fuera de Honduras
El asesinato de Juan López ha generado una profunda conmoción en Honduras. López, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, fue asesinado mientras salía de una iglesia. El crimen ha sido condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo al papa Francisco.
López era un reconocido defensor del río Guapinol y un crítico abierto de los proyectos mineros en la región de Tocoa, Colón. Su lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes comunes lo convirtieron en una figura destacada, pero también en un blanco de amenazas.
El párroco de la Iglesia de San Isidro en Tocoa, Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúnez como posible responsable del crimen, lo que ha sido rechazado por el edil, quien pidió al sacerdote que si tiene pruebas las presente ante las autoridades competentes.
