Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
La herencia de las negociaciones entre élites políticas en el Congreso moldea un sistema electoral a conveniencia de los partidos en el poder.
Desde la transición democrática, las reformas han sido parciales, manteniendo privilegios y obstaculizando la participación ciudadana activa.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
La corrupción permea los tres poderes del Estado, y la falta de separación de poderes obstaculiza la independencia judicial, según The Economist Intelligence Unit, 2024.
La herencia de las negociaciones entre élites políticas en el Congreso moldea un sistema electoral a conveniencia de los partidos en el poder.
Desde la transición democrática, las reformas han sido parciales, manteniendo privilegios y obstaculizando la participación ciudadana activa.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Honduras es clasificado como un régimen híbrido, una categoría que refleja la existencia de irregularidades significativas en las elecciones, presión gubernamental sobre partidos opositores y medios de comunicación acosados.
La corrupción permea los tres poderes del Estado, y la falta de separación de poderes obstaculiza la independencia judicial, según The Economist Intelligence Unit, 2024.
La herencia de las negociaciones entre élites políticas en el Congreso moldea un sistema electoral a conveniencia de los partidos en el poder.
Desde la transición democrática, las reformas han sido parciales, manteniendo privilegios y obstaculizando la participación ciudadana activa.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
A pesar de ciertos avances en 2021, el país enfrenta un desgaste institucional que limita las libertades civiles, debilita el Estado de derecho y corroe la confianza en los procesos electorales.
Honduras es clasificado como un régimen híbrido, una categoría que refleja la existencia de irregularidades significativas en las elecciones, presión gubernamental sobre partidos opositores y medios de comunicación acosados.
La corrupción permea los tres poderes del Estado, y la falta de separación de poderes obstaculiza la independencia judicial, según The Economist Intelligence Unit, 2024.
La herencia de las negociaciones entre élites políticas en el Congreso moldea un sistema electoral a conveniencia de los partidos en el poder.
Desde la transición democrática, las reformas han sido parciales, manteniendo privilegios y obstaculizando la participación ciudadana activa.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Las elecciones de 2025 en Honduras podrían ser el punto de quiebre para una democracia que, según el Índice de Democracia de The Economist, se tambalea hacia el autoritarismo.
A pesar de ciertos avances en 2021, el país enfrenta un desgaste institucional que limita las libertades civiles, debilita el Estado de derecho y corroe la confianza en los procesos electorales.
Honduras es clasificado como un régimen híbrido, una categoría que refleja la existencia de irregularidades significativas en las elecciones, presión gubernamental sobre partidos opositores y medios de comunicación acosados.
La corrupción permea los tres poderes del Estado, y la falta de separación de poderes obstaculiza la independencia judicial, según The Economist Intelligence Unit, 2024.
La herencia de las negociaciones entre élites políticas en el Congreso moldea un sistema electoral a conveniencia de los partidos en el poder.
Desde la transición democrática, las reformas han sido parciales, manteniendo privilegios y obstaculizando la participación ciudadana activa.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
Honduras enfrenta una crisis democrática profunda. Las reformas pendientes y la inacción frente a la corrupción amenazan con socavar la confianza ciudadana en un sistema electoral frágil y vulnerable.
La fragilidad democrática en Honduras antes de las elecciones de 2025, reflejan la incertidumbre y el desgaste institucional que podrían afectar el proceso electoral.
Las elecciones de 2025 en Honduras podrían ser el punto de quiebre para una democracia que, según el Índice de Democracia de The Economist, se tambalea hacia el autoritarismo.
A pesar de ciertos avances en 2021, el país enfrenta un desgaste institucional que limita las libertades civiles, debilita el Estado de derecho y corroe la confianza en los procesos electorales.
Honduras es clasificado como un régimen híbrido, una categoría que refleja la existencia de irregularidades significativas en las elecciones, presión gubernamental sobre partidos opositores y medios de comunicación acosados.
La corrupción permea los tres poderes del Estado, y la falta de separación de poderes obstaculiza la independencia judicial, según The Economist Intelligence Unit, 2024.
La herencia de las negociaciones entre élites políticas en el Congreso moldea un sistema electoral a conveniencia de los partidos en el poder.
Desde la transición democrática, las reformas han sido parciales, manteniendo privilegios y obstaculizando la participación ciudadana activa.
Las elecciones de 2021 marcaron un avance significativo con una participación del 68.58 % bajo una nueva Ley Electoral.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, las reformas pendientes siguen siendo el talón de Aquiles del proceso electoral. Más de 50 recomendaciones de observadores internacionales están sobre la mesa, pero sólo 5 han sido cumplidas en su totalidad.
La ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, la integración de una segunda vuelta electoral y el combate al financiamiento ilícito siguen siendo asignaturas pendientes.
La falta de avances refleja la incapacidad política para consolidar un proceso electoral transparente, refieren Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada, como parte de los retos electorales en Honduras.
El retroceso democrático está directamente vinculado a una corrupción institucionalizada que evolucionó en un complejo sistema criminal.
La salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019 dejó un vacío que, hasta la fecha, no ha sido llenado.
El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió en 2021 reactivar un mecanismo similar con apoyo de Naciones Unidas.
Sin embargo, el acuerdo para instalar una nueva comisión ha estado estancado durante dos años y nueve meses. Las reformas necesarias para su operación están detenidas en el Congreso.
Uno de los mayores puntos de fricción es el Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta legislación protege a exfuncionarios del período 2006-2009, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya.
La derogación o modificación de esta ley es una de las nueve medidas exigidas por Naciones Unidas para instalar la comisión anticorrupción.
A pesar de la presión social y de organismos internacionales, el Congreso cumplió con sólo tres de las nueve reformas. La falta de voluntad política y la lucha interna en el legislativo han frenado el avance.
Expertos coinciden en que el panorama electoral de 2025 estará marcado por incertidumbre. La falta de reformas, el debilitamiento del Estado de derecho y la centralización del poder alimentan la percepción de que el próximo proceso será vulnerable a irregular.
El desgaste institucional y la corrupción no sólo afectan la calidad de las elecciones, sino también la estabilidad democrática en su conjunto.
La ciudadanía enfrenta el desafío de participar activamente y exigir transparencia, mientras las élites políticas siguen aferradas a sus privilegios.
Honduras se prepara para un ciclo electoral crucial, pero el contexto sugiere que el retroceso democrático continuará si no se implementan las reformas necesarias.
A medida que se acerca 2025, el país enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia una democracia más sólida o permitir que la corrupción y la impunidad sigan marcando el rumbo de su futuro político.
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