El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
Díaz señaló que, a pesar de que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo como funcionario público, el sistema judicial ha ignorado las auditorías que demuestran la legalidad de sus recursos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
“He sido y sigo siendo objeto de persecución política en la que se me han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución,” afirmó Díaz, quien sostiene que el Ministerio Público ha realizado acusaciones malintencionadas y ha manipulado información para justificar una sentencia confiscatoria.
Díaz señaló que, a pesar de que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo como funcionario público, el sistema judicial ha ignorado las auditorías que demuestran la legalidad de sus recursos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
En ese sentido, a través de un comunicado en sus redes sociales, Díaz se dirigió a su familia y amigos, afirmando que ha sido objeto de un juicio “selectivo y mediático” sin pruebas que respalden las acusaciones de que sus cuentas contenían depósitos de origen ilícito.
“He sido y sigo siendo objeto de persecución política en la que se me han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución,” afirmó Díaz, quien sostiene que el Ministerio Público ha realizado acusaciones malintencionadas y ha manipulado información para justificar una sentencia confiscatoria.
Díaz señaló que, a pesar de que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo como funcionario público, el sistema judicial ha ignorado las auditorías que demuestran la legalidad de sus recursos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
El pasado 10 de septiembre el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos declaró la privación definitiva de dominio a cuentas bancarias de Ebal Díaz, por más de siete millones de lempiras, que en su momento de más de 51 millones.
En ese sentido, a través de un comunicado en sus redes sociales, Díaz se dirigió a su familia y amigos, afirmando que ha sido objeto de un juicio “selectivo y mediático” sin pruebas que respalden las acusaciones de que sus cuentas contenían depósitos de origen ilícito.
“He sido y sigo siendo objeto de persecución política en la que se me han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución,” afirmó Díaz, quien sostiene que el Ministerio Público ha realizado acusaciones malintencionadas y ha manipulado información para justificar una sentencia confiscatoria.
Díaz señaló que, a pesar de que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo como funcionario público, el sistema judicial ha ignorado las auditorías que demuestran la legalidad de sus recursos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
Ebal Díaz, exministro de la Presidencia de Honduras, denunció este viernes desde su exilio en Nicaragua que enfrenta una persecución política tras la sentencia que le priva del dominio sobre sus bienes en Honduras.
El pasado 10 de septiembre el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos declaró la privación definitiva de dominio a cuentas bancarias de Ebal Díaz, por más de siete millones de lempiras, que en su momento de más de 51 millones.
En ese sentido, a través de un comunicado en sus redes sociales, Díaz se dirigió a su familia y amigos, afirmando que ha sido objeto de un juicio “selectivo y mediático” sin pruebas que respalden las acusaciones de que sus cuentas contenían depósitos de origen ilícito.
“He sido y sigo siendo objeto de persecución política en la que se me han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución,” afirmó Díaz, quien sostiene que el Ministerio Público ha realizado acusaciones malintencionadas y ha manipulado información para justificar una sentencia confiscatoria.
Díaz señaló que, a pesar de que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo como funcionario público, el sistema judicial ha ignorado las auditorías que demuestran la legalidad de sus recursos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
Ebal Díaz dijo que su defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho
Ebal Díaz indicó que ha sido objeto de un juicio “selectivo y mediático” sin pruebas que respalden las acusaciones de que sus cuentas contenían depósitos de origen ilícito. – Foto: Cortesía
Ebal Díaz, exministro de la Presidencia de Honduras, denunció este viernes desde su exilio en Nicaragua que enfrenta una persecución política tras la sentencia que le priva del dominio sobre sus bienes en Honduras.
El pasado 10 de septiembre el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos declaró la privación definitiva de dominio a cuentas bancarias de Ebal Díaz, por más de siete millones de lempiras, que en su momento de más de 51 millones.
En ese sentido, a través de un comunicado en sus redes sociales, Díaz se dirigió a su familia y amigos, afirmando que ha sido objeto de un juicio “selectivo y mediático” sin pruebas que respalden las acusaciones de que sus cuentas contenían depósitos de origen ilícito.
“He sido y sigo siendo objeto de persecución política en la que se me han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución,” afirmó Díaz, quien sostiene que el Ministerio Público ha realizado acusaciones malintencionadas y ha manipulado información para justificar una sentencia confiscatoria.
Díaz señaló que, a pesar de que el 90% de sus ingresos provienen de su trabajo como funcionario público, el sistema judicial ha ignorado las auditorías que demuestran la legalidad de sus recursos.
“El Ministerio Publico y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio”, agregó.
El exministro se mostró pesimista sobre la posibilidad de un juicio justo en Honduras, pero expresó su intención de luchar por la reparación de los daños que ha sufrido, incluso recurriendo a instancias internacionales.
Díaz concluyó su comunicado manifestando su esperanza de que eventualmente se haga justicia, a pesar de la manipulación del sistema judicial.
“Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez si se actuará
correctamente”, citó el comunicado.
Díaz-Lupian asegura que seguirá luchando por que se haga justicia.
“Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia”, concluyó.
El pasado 30 de julio, el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más.
El requerimiento se debe al megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional denominado “Casas Contenedores” para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno del ahora expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos.
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