La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
El deterioro y saqueo de los bienes incautados no solo afectó propiedades comunes. Según Portillo, familias a las que les devolvieron bienes reportaron que las casas las desvalijaron, incluso videos mostraron cómo empleados de empresas de seguridad saquearon las propiedades.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
El deterioro y saqueo de los bienes incautados no solo afectó propiedades comunes. Según Portillo, familias a las que les devolvieron bienes reportaron que las casas las desvalijaron, incluso videos mostraron cómo empleados de empresas de seguridad saquearon las propiedades.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
La situación empeoró cuando las compañías de seguridad abandonaron los bienes, dejando propiedades en todo el país sin vigilancia.
Fue entonces cuando el saqueo comenzó: vigilantes, empleados y hasta ciudadanos comunes aprovecharon la desprotección para llevarse desde muebles hasta techos.
El deterioro y saqueo de los bienes incautados no solo afectó propiedades comunes. Según Portillo, familias a las que les devolvieron bienes reportaron que las casas las desvalijaron, incluso videos mostraron cómo empleados de empresas de seguridad saquearon las propiedades.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
“Cuando llegamos, ya había demandas de empresas de seguridad y convenios incumplidos con las fuerzas del orden. La negligencia de la administración anterior dejó los bienes a la deriva”, denunció.
La situación empeoró cuando las compañías de seguridad abandonaron los bienes, dejando propiedades en todo el país sin vigilancia.
Fue entonces cuando el saqueo comenzó: vigilantes, empleados y hasta ciudadanos comunes aprovecharon la desprotección para llevarse desde muebles hasta techos.
El deterioro y saqueo de los bienes incautados no solo afectó propiedades comunes. Según Portillo, familias a las que les devolvieron bienes reportaron que las casas las desvalijaron, incluso videos mostraron cómo empleados de empresas de seguridad saquearon las propiedades.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Hace cinco años, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) dejó de pagar los contratos de seguridad, acumulando deudas superiores a 120 millones de lempiras con empresas privadas, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según Rigoberto Portillo, exinterventor de la institución.
“Cuando llegamos, ya había demandas de empresas de seguridad y convenios incumplidos con las fuerzas del orden. La negligencia de la administración anterior dejó los bienes a la deriva”, denunció.
La situación empeoró cuando las compañías de seguridad abandonaron los bienes, dejando propiedades en todo el país sin vigilancia.
Fue entonces cuando el saqueo comenzó: vigilantes, empleados y hasta ciudadanos comunes aprovecharon la desprotección para llevarse desde muebles hasta techos.
El deterioro y saqueo de los bienes incautados no solo afectó propiedades comunes. Según Portillo, familias a las que les devolvieron bienes reportaron que las casas las desvalijaron, incluso videos mostraron cómo empleados de empresas de seguridad saquearon las propiedades.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
Más del 90% de los bienes incautados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) fueron saqueados y abandonados durante el gobierno anterior, según el exinterventor Rigoberto Portillo.
Hace cinco años, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) dejó de pagar los contratos de seguridad, acumulando deudas superiores a 120 millones de lempiras con empresas privadas, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según Rigoberto Portillo, exinterventor de la institución.
“Cuando llegamos, ya había demandas de empresas de seguridad y convenios incumplidos con las fuerzas del orden. La negligencia de la administración anterior dejó los bienes a la deriva”, denunció.
La situación empeoró cuando las compañías de seguridad abandonaron los bienes, dejando propiedades en todo el país sin vigilancia.
Fue entonces cuando el saqueo comenzó: vigilantes, empleados y hasta ciudadanos comunes aprovecharon la desprotección para llevarse desde muebles hasta techos.
El deterioro y saqueo de los bienes incautados no solo afectó propiedades comunes. Según Portillo, familias a las que les devolvieron bienes reportaron que las casas las desvalijaron, incluso videos mostraron cómo empleados de empresas de seguridad saquearon las propiedades.
“Era un abuso total. Se llevaban desde techos hasta maquinaria pesada. Hubo propiedades invadidas y bienes completamente desaparecidos”, lamentó.
Un caso emblemático es el de la familia Benítez, en Santa Rosa de Copán, donde al menos 90 vehículos, entre livianos y pesados, simplemente no se encontraron al momento de la devolución.
“Hubo una fiesta con los bienes incautados, y las pérdidas son millonarias evidenciando el descontrol”, señaló.
Portillo anticipa que el Estado enfrentará una ola de demandas por la negligencia en la custodia de bienes.
En 2023, la comisión interventora documentó devoluciones judiciales donde nunca hubo inventarios completos, lo que permitió a los propietarios fundamentar sus reclamos.
“La OABI no tiene capacidad de supervisión real. En ciudades como La Ceiba, hay solo tres personas, y ninguna se dedica exclusivamente a supervisar. Los bienes están dispersos en todo el país, sin vigilancia ni control administrativo”, explicó.
Entre las irregularidades detectadas, destacan contratos “leoninos” firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que comprometían recursos de manera irresponsable.
Muchas empresas de seguridad, ahora con fallos a su favor en instancias de arbitraje, buscan cobrar deudas millonarias al Estado.
La intervención reveló la complicidad de exfuncionarios de la OABI, quienes asignaron bienes sin control y permitían el saqueo.
Un nombre recurrente es Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada de lucrarse con bienes incautados.
“Ella quebró empresas y recibió bienes sin justificación. Hay pruebas suficientes para que la fiscalía actúe contra estas personas”, subrayó Portillo.
El saqueo también incluyó casos donde funcionarios ordenaron la entrega de bienes de forma irregular.
En su primer año, el abogado Jorge González presentó un informe detallado a la Fiscalía, documentando bienes saqueados y señalando responsables directos.
Para Portillo, el panorama es sombrío, pero no irreversible. “Se debe crear un mecanismo sólido para la custodia de los bienes incautados. De lo contrario, el Estado seguirá acumulando demandas y pérdidas millonarias. Los propietarios tienen razón en demandar: hubo negligencia estatal y eso debe resolverse”, concluyó.
La OABI de Honduras ha gestionado un total de 7,099 bienes incautados desde su creación en 2003 hasta septiembre de 2022.
Estos bienes incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros activos relacionados con actividades ilícitas.
La mayoría de las incautaciones se realizaron en el departamento de Cortés. Además, es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de las operaciones de la OABI, estas cifras pueden haber variado desde entonces.
Más allá de las pérdidas económicas, la confianza en las instituciones es severamente golpeada, dejando una lección clara: sin rendición de cuentas, el costo de la impunidad es incalculable.
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