Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Particularmente en el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se han dado situaciones arbitrarias, indicó Espinal.
“Al estar posicionando personas de manera clave, parece que se quiere ejercer control sobre este órgano”, agregó el experto.
Corrupción en sistema judicial
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
“Se han dado traslados al margen de la ley, irrumpiendo en el reconocimiento y respeto de las garantías constitucionales y estándares internacionales (…) los cuales consideramos han sido objeto de un objetivo de tinte político para concentrar el poder y control del mismo desde el ejercicio judicial“, declaró César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.
Particularmente en el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se han dado situaciones arbitrarias, indicó Espinal.
“Al estar posicionando personas de manera clave, parece que se quiere ejercer control sobre este órgano”, agregó el experto.
Corrupción en sistema judicial
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Según estas organizaciones, los nombramientos y traslados se han realizado en posiciones clave con el objetivo de “ejercer control sobre el ejercicio judicial” en Honduras.
“Se han dado traslados al margen de la ley, irrumpiendo en el reconocimiento y respeto de las garantías constitucionales y estándares internacionales (…) los cuales consideramos han sido objeto de un objetivo de tinte político para concentrar el poder y control del mismo desde el ejercicio judicial“, declaró César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.
Particularmente en el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se han dado situaciones arbitrarias, indicó Espinal.
“Al estar posicionando personas de manera clave, parece que se quiere ejercer control sobre este órgano”, agregó el experto.
Corrupción en sistema judicial
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acompañado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció este miércoles procesos de nombramientos y traslados arbitrarios de jueces y magistrados del Poder Judicial, al margen de los procedimientos legales y contrarios a los estándares internacionales.
Según estas organizaciones, los nombramientos y traslados se han realizado en posiciones clave con el objetivo de “ejercer control sobre el ejercicio judicial” en Honduras.
“Se han dado traslados al margen de la ley, irrumpiendo en el reconocimiento y respeto de las garantías constitucionales y estándares internacionales (…) los cuales consideramos han sido objeto de un objetivo de tinte político para concentrar el poder y control del mismo desde el ejercicio judicial“, declaró César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.
Particularmente en el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se han dado situaciones arbitrarias, indicó Espinal.
“Al estar posicionando personas de manera clave, parece que se quiere ejercer control sobre este órgano”, agregó el experto.
Corrupción en sistema judicial
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
Según el CNA y la ASJ, se han dado nombramientos y traslados de jueces y magistrados en posiciones clave con el objetivo de “ejercer control sobre el ejercicio judicial”.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acompañado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció este miércoles procesos de nombramientos y traslados arbitrarios de jueces y magistrados del Poder Judicial, al margen de los procedimientos legales y contrarios a los estándares internacionales.
Según estas organizaciones, los nombramientos y traslados se han realizado en posiciones clave con el objetivo de “ejercer control sobre el ejercicio judicial” en Honduras.
“Se han dado traslados al margen de la ley, irrumpiendo en el reconocimiento y respeto de las garantías constitucionales y estándares internacionales (…) los cuales consideramos han sido objeto de un objetivo de tinte político para concentrar el poder y control del mismo desde el ejercicio judicial“, declaró César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA.
Particularmente en el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se han dado situaciones arbitrarias, indicó Espinal.
“Al estar posicionando personas de manera clave, parece que se quiere ejercer control sobre este órgano”, agregó el experto.
Corrupción en sistema judicial
Espinal mencionó que en este órgano jurisdiccional se han identificado dos casos de corrupción, uno de ellos relacionado con el excoordinador Marco Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de extorsión.
Esta persona, añadió, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, “lo que preocupa, ya que ha estado capturado y se pretende condicionar y ejercer mayor control sobre él por intereses particulares”.
El coordinador también señaló que, según la Asociación de Jueces por la Democracia, existen 24 denuncias de funcionarios judiciales que han presentado impugnaciones para restablecerse en sus cargos y ejercer su derecho a permanecer en ellos.
El CNA y la ASJ manifestaron que estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras.
Pronunciamiento
En general, la ASJ y el CNA señalaron que en el Poder Judicial se están designando jueces y magistrados sin concurso público ni procedimientos establecidos, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo.
Las autoridades judiciales están nombrando personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, lo que debilita la confianza en el sistema judicial.
Ambas organizaciones afirmaron que estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces, socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Al carecer de estabilidad laboral y oportunidades de progreso profesional, los jueces quedan expuestos a presiones que perpetúan la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Eliminar prácticas de control
Por ello, hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia.
Asimismo, pidieron que se prioricen los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales, como base para fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad y la justicia selectiva al servicio de intereses partidarios.
“La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía”, concluyeron.
