De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
En su resolución, el tribunal de alzada declaró‘no ha lugar’ los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios judiciales.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
En su resolución, el tribunal de alzada declaró‘no ha lugar’ los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios judiciales.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
En su resolución, el tribunal de alzada declaró‘no ha lugar’ los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios judiciales.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Se trata de Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. Los tres están acusados de prevaricato judicial.
En su resolución, el tribunal de alzada declaró‘no ha lugar’ los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios judiciales.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, ratificó este lunes, por unanimidad, el auto de formal Procesamiento contra tres exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se trata de Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. Los tres están acusados de prevaricato judicial.
En su resolución, el tribunal de alzada declaró‘no ha lugar’ los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios judiciales.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que pagaron millonarias fianzas.
La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, ratificó este lunes, por unanimidad, el auto de formal Procesamiento contra tres exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se trata de Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. Los tres están acusados de prevaricato judicial.
En su resolución, el tribunal de alzada declaró‘no ha lugar’ los recursos de apelación presentados por las defensas de los exfuncionarios judiciales.
Por tanto, el proceso judicial continúa y será el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el que deberá programar la audiencia preliminar.
Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.
Caso de exmagistrados
Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, se devolviera a la nueva Sala de lo Civil.
Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno al no alcanzar una resolución unánime.
Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.