Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
La planta Brassavola, ahora operativa con diésel, eleva los costos energéticos para los usuarios y no estuvo disponible completamente durante los meses críticos de verano, pese a que la ENEE justificó su reactivación bajo el estado de emergencia energética.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
Sin embargo, en 2024, el acuerdo fue renegociado, ampliando la capacidad a 240 megavatios, autorizando el uso temporal de diésel y reubicando la planta en Villanueva, Cortés, estas modificaciones, según el informe, carecen de supervisión adecuada y claridad en cuanto a plazos y condiciones, detalla el informe.
La planta Brassavola, ahora operativa con diésel, eleva los costos energéticos para los usuarios y no estuvo disponible completamente durante los meses críticos de verano, pese a que la ENEE justificó su reactivación bajo el estado de emergencia energética.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
El contrato original, otorgado a una empresa en 2008, contemplaba generación con búnker y posteriormente carbón, con una capacidad de 150 megavatios en Trujillo o Balfate en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.
Sin embargo, en 2024, el acuerdo fue renegociado, ampliando la capacidad a 240 megavatios, autorizando el uso temporal de diésel y reubicando la planta en Villanueva, Cortés, estas modificaciones, según el informe, carecen de supervisión adecuada y claridad en cuanto a plazos y condiciones, detalla el informe.
La planta Brassavola, ahora operativa con diésel, eleva los costos energéticos para los usuarios y no estuvo disponible completamente durante los meses críticos de verano, pese a que la ENEE justificó su reactivación bajo el estado de emergencia energética.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
Según el informe denominado ¿Dónde está el gas natural?, elaborado por la ASJ, el contrato sufrió modificaciones que permitieron operar la planta con diésel en lugar de gas natural, además de su reubicación sin condiciones adecuadas para el suministro del combustible acordado.
El contrato original, otorgado a una empresa en 2008, contemplaba generación con búnker y posteriormente carbón, con una capacidad de 150 megavatios en Trujillo o Balfate en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.
Sin embargo, en 2024, el acuerdo fue renegociado, ampliando la capacidad a 240 megavatios, autorizando el uso temporal de diésel y reubicando la planta en Villanueva, Cortés, estas modificaciones, según el informe, carecen de supervisión adecuada y claridad en cuanto a plazos y condiciones, detalla el informe.
La planta Brassavola, ahora operativa con diésel, eleva los costos energéticos para los usuarios y no estuvo disponible completamente durante los meses críticos de verano, pese a que la ENEE justificó su reactivación bajo el estado de emergencia energética.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció este martes serias irregularidades en la gestión de un contrato de generación de energía por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), vigente desde 2008 y reactivado en 2023 tras 14 años de inactividad.
Según el informe denominado ¿Dónde está el gas natural?, elaborado por la ASJ, el contrato sufrió modificaciones que permitieron operar la planta con diésel en lugar de gas natural, además de su reubicación sin condiciones adecuadas para el suministro del combustible acordado.
El contrato original, otorgado a una empresa en 2008, contemplaba generación con búnker y posteriormente carbón, con una capacidad de 150 megavatios en Trujillo o Balfate en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.
Sin embargo, en 2024, el acuerdo fue renegociado, ampliando la capacidad a 240 megavatios, autorizando el uso temporal de diésel y reubicando la planta en Villanueva, Cortés, estas modificaciones, según el informe, carecen de supervisión adecuada y claridad en cuanto a plazos y condiciones, detalla el informe.
La planta Brassavola, ahora operativa con diésel, eleva los costos energéticos para los usuarios y no estuvo disponible completamente durante los meses críticos de verano, pese a que la ENEE justificó su reactivación bajo el estado de emergencia energética.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
El informe indica que el contrato sufrió modificaciones que permitieron operar la planta con diésel y no con gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
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Edición Tu Nota.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció este martes serias irregularidades en la gestión de un contrato de generación de energía por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), vigente desde 2008 y reactivado en 2023 tras 14 años de inactividad.
Según el informe denominado ¿Dónde está el gas natural?, elaborado por la ASJ, el contrato sufrió modificaciones que permitieron operar la planta con diésel en lugar de gas natural, además de su reubicación sin condiciones adecuadas para el suministro del combustible acordado.
El contrato original, otorgado a una empresa en 2008, contemplaba generación con búnker y posteriormente carbón, con una capacidad de 150 megavatios en Trujillo o Balfate en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.
Sin embargo, en 2024, el acuerdo fue renegociado, ampliando la capacidad a 240 megavatios, autorizando el uso temporal de diésel y reubicando la planta en Villanueva, Cortés, estas modificaciones, según el informe, carecen de supervisión adecuada y claridad en cuanto a plazos y condiciones, detalla el informe.
La planta Brassavola, ahora operativa con diésel, eleva los costos energéticos para los usuarios y no estuvo disponible completamente durante los meses críticos de verano, pese a que la ENEE justificó su reactivación bajo el estado de emergencia energética.
Además, la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida por la ENEE para abastecer la planta no cuenta con licencias ambientales registradas, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), continúa detallando el informe.
Fallas en supervisión y recomendaciones
La ASJ señala fallas en la planificación, supervisión y cumplimiento técnico del contrato, que incluye 18 adendas aprobadas sin un análisis público detallado. Por ello, la organización recomienda:
1. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía.
2. Realizar una revisión y debate público de los contratos y sus modificaciones en el Congreso Nacional.
3. Eliminar compras directas y licitaciones privadas por parte de la ENEE.
4. Instalar una veeduría ciudadana en el proceso de contratación.
5. Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con la planta y el gas natural.
La ASJ subrayó que la gestión energética debe ser transparente y estar orientada al beneficio de la población, especialmente los sectores más vulnerables.
La organización instó a las autoridades a corregir las irregularidades y establecer medidas que promuevan una gestión eficiente y justa de los recursos energéticos.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió a través de su cuenta de “X”, cuestionando la denuncia de la ONG, al apuntar que: “Buscan impedir la entrada de competencia, ignorando los verdaderos intereses de la sociedad que dicen representar”.
