Hasta el 5 de abril, Estados Unidos podría determinar una ampliación del TPS, que protege de deportaciones a unos 40 mil hondureños, según autoridades.
Imagen de archivo de migrantes hondureños solicitando ampliación del TPS a Estados Unidos.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
La Cancillería gestionó en diciembre lasolicitud de extensión del TPScon el secretario de Estado Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Ellos nos explicaron que tienen mayor voluntad, pero la ley no les permite hacerlo antes de la fecha límite”, detalló Reina.
Las decisiones sobre la extensión o finalización del TPS deben anunciarse con al menos 60 días de anticipación, explicó.
Siguen negociaciones con EE. UU.
Sin embargo, insistió en que será la administración de Trump la que decidirá el futuro del programa. “Esperemos que se apruebe”, agregó.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
“Hasta el 5 de abril, Estados Unidos podría determinar una ampliación del TPS”, señaló el canciller.
La Cancillería gestionó en diciembre lasolicitud de extensión del TPScon el secretario de Estado Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Ellos nos explicaron que tienen mayor voluntad, pero la ley no les permite hacerlo antes de la fecha límite”, detalló Reina.
Las decisiones sobre la extensión o finalización del TPS deben anunciarse con al menos 60 días de anticipación, explicó.
Siguen negociaciones con EE. UU.
Sin embargo, insistió en que será la administración de Trump la que decidirá el futuro del programa. “Esperemos que se apruebe”, agregó.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
Según Reina, las autoridades estadounidenses podrían dar una respuesta en los próximos cuatro meses, ya que el actual beneficio migratorio, que protege a unos 40 mil hondureños, vence el 5 de julio.
“Hasta el 5 de abril, Estados Unidos podría determinar una ampliación del TPS”, señaló el canciller.
La Cancillería gestionó en diciembre lasolicitud de extensión del TPScon el secretario de Estado Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Ellos nos explicaron que tienen mayor voluntad, pero la ley no les permite hacerlo antes de la fecha límite”, detalló Reina.
Las decisiones sobre la extensión o finalización del TPS deben anunciarse con al menos 60 días de anticipación, explicó.
Siguen negociaciones con EE. UU.
Sin embargo, insistió en que será la administración de Trump la que decidirá el futuro del programa. “Esperemos que se apruebe”, agregó.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
La ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños radicados en Estados Unidos dependerá de la administración del presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 29 de enero, afirmó el canciller Eduardo Enrique Reina.
Según Reina, las autoridades estadounidenses podrían dar una respuesta en los próximos cuatro meses, ya que el actual beneficio migratorio, que protege a unos 40 mil hondureños, vence el 5 de julio.
“Hasta el 5 de abril, Estados Unidos podría determinar una ampliación del TPS”, señaló el canciller.
La Cancillería gestionó en diciembre lasolicitud de extensión del TPScon el secretario de Estado Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Ellos nos explicaron que tienen mayor voluntad, pero la ley no les permite hacerlo antes de la fecha límite”, detalló Reina.
Las decisiones sobre la extensión o finalización del TPS deben anunciarse con al menos 60 días de anticipación, explicó.
Siguen negociaciones con EE. UU.
Sin embargo, insistió en que será la administración de Trump la que decidirá el futuro del programa. “Esperemos que se apruebe”, agregó.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
La ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños radicados en Estados Unidos dependerá de la administración del presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 29 de enero, afirmó el canciller Eduardo Enrique Reina.
Según Reina, las autoridades estadounidenses podrían dar una respuesta en los próximos cuatro meses, ya que el actual beneficio migratorio, que protege a unos 40 mil hondureños, vence el 5 de julio.
“Hasta el 5 de abril, Estados Unidos podría determinar una ampliación del TPS”, señaló el canciller.
La Cancillería gestionó en diciembre lasolicitud de extensión del TPScon el secretario de Estado Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Ellos nos explicaron que tienen mayor voluntad, pero la ley no les permite hacerlo antes de la fecha límite”, detalló Reina.
Las decisiones sobre la extensión o finalización del TPS deben anunciarse con al menos 60 días de anticipación, explicó.
Siguen negociaciones con EE. UU.
Sin embargo, insistió en que será la administración de Trump la que decidirá el futuro del programa. “Esperemos que se apruebe”, agregó.
No obstante, el beneficio no se extendió para migrantes de Nicaragua, Sudán del Sur y Afganistán y Nepal, indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.
Agregó que la extensión del TPS a hondureños es una prioridad del gobierno, por lo que continuarán trabajando en las negociaciones bilaterales para asegurar que las decisiones reflejen las necesidades actuales y fortalezcan la protección de los migrantes.
Optimismo
Al respecto, el experto en derecho internacional Graco Pérez advirtió que esta decisión no garantiza que se otorgue el mismo beneficio a los hondureños.
“Recordemos que con la llegada de una nueva administración y políticas migratorias diferentes, no significa automáticamente que Honduras recibirá la misma extensión”, declaró Pérez en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
Pese a ello, Pérez sugirió mantener el optimismo, pues aunque Estados Unidos no está obligado a renovar el TPS, podría hacerlo, aunque quizás por un periodo más corto que los habituales 18 meses.
El TPS fue aprobado en 1998 durante el gobierno de George H.W. Bush como un apoyo tras los estragos del huracán Mitch.
Más recientemente, el gobierno hondureño y organizaciones de migrantes han solicitado la posibilidad de un nuevo TPS que incluya a quienes emigraron tras las tormentas Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Pérez opinó que el gobierno de Honduras debe ser más propositivo. “No basta con esperar la ampliación del TPS; es crucial asegurar más desarrollo e inversión para evitar que los hondureños busquen oportunidades fuera del país”, afirmó.
Reunión para abordar tema de migración
La presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero que, como presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), convocará este mes una reunión de cancilleres para abordar la migración ante las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración Trump. En este encuentro participaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pérez expresó que espera que Honduras presente propuestas concretas en favor de los migrantes y no se limite a complacer los intereses de México.
“México se ha convertido en el vocero de Centroamérica, pero solo vela por sus propios intereses. Honduras podría ser utilizada como moneda de cambio, ya que México tiende a llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH, señaló que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de los cuales el 40% son ciudadanos naturalizados, mientras que un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular.
Castillo instó al gobierno a buscar acciones concretas para proteger a estas personas frente a las políticas migratorias de Trump.
