Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“¿Qué pasa aquí? Es que están planificando usar el dinero en la campaña Eso, eso es seguro”, sostuvo.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“Es una carta abierta para robar. A la Secretaría de Defensa, que está dirigida por una precandidata que el 8 de noviembre —en menos de dos semanas— tiene que presentar sus planillas, se le va a dar carta abierta para que compre”, cuestionó el congresista, quien sugirió que los fondos podrían destinarse a financiar la campaña de Moncada.
“¿Qué pasa aquí? Es que están planificando usar el dinero en la campaña Eso, eso es seguro”, sostuvo.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En sus declaraciones durante un mitin político, Jorge Cálix señaló que la medida de permitir compras directas a Rixi Moncada en Sedena permitiría el uso de los recursos públicos con fines electorales.
“Es una carta abierta para robar. A la Secretaría de Defensa, que está dirigida por una precandidata que el 8 de noviembre —en menos de dos semanas— tiene que presentar sus planillas, se le va a dar carta abierta para que compre”, cuestionó el congresista, quien sugirió que los fondos podrían destinarse a financiar la campaña de Moncada.
“¿Qué pasa aquí? Es que están planificando usar el dinero en la campaña Eso, eso es seguro”, sostuvo.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El congresista manifestó sus inquietudes sobre la motivación y el uso de los recursos asignados a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que está dirigida por Moncada, también precandidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
En sus declaraciones durante un mitin político, Jorge Cálix señaló que la medida de permitir compras directas a Rixi Moncada en Sedena permitiría el uso de los recursos públicos con fines electorales.
“Es una carta abierta para robar. A la Secretaría de Defensa, que está dirigida por una precandidata que el 8 de noviembre —en menos de dos semanas— tiene que presentar sus planillas, se le va a dar carta abierta para que compre”, cuestionó el congresista, quien sugirió que los fondos podrían destinarse a financiar la campaña de Moncada.
“¿Qué pasa aquí? Es que están planificando usar el dinero en la campaña Eso, eso es seguro”, sostuvo.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Como una “carta abierta para robar” catalogó el diputado y precandidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, la reciente autorización concedida a la secretaria de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, para realizar compras directas en la dependencia, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
El congresista manifestó sus inquietudes sobre la motivación y el uso de los recursos asignados a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que está dirigida por Moncada, también precandidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
En sus declaraciones durante un mitin político, Jorge Cálix señaló que la medida de permitir compras directas a Rixi Moncada en Sedena permitiría el uso de los recursos públicos con fines electorales.
“Es una carta abierta para robar. A la Secretaría de Defensa, que está dirigida por una precandidata que el 8 de noviembre —en menos de dos semanas— tiene que presentar sus planillas, se le va a dar carta abierta para que compre”, cuestionó el congresista, quien sugirió que los fondos podrían destinarse a financiar la campaña de Moncada.
“¿Qué pasa aquí? Es que están planificando usar el dinero en la campaña Eso, eso es seguro”, sostuvo.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El acuerdo que Jorge Cálix cuestionó permite compras directas en la Secretaría de Defensa para el “combate al crimen organizado”
Jorge Cálix, diputado y precandidato presidencial, sobre la autorización de compras directas a Rixi Moncada.
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Foto: diseño HRN
Como una “carta abierta para robar” catalogó el diputado y precandidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, la reciente autorización concedida a la secretaria de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, para realizar compras directas en la dependencia, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
El congresista manifestó sus inquietudes sobre la motivación y el uso de los recursos asignados a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que está dirigida por Moncada, también precandidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
En sus declaraciones durante un mitin político, Jorge Cálix señaló que la medida de permitir compras directas a Rixi Moncada en Sedena permitiría el uso de los recursos públicos con fines electorales.
“Es una carta abierta para robar. A la Secretaría de Defensa, que está dirigida por una precandidata que el 8 de noviembre —en menos de dos semanas— tiene que presentar sus planillas, se le va a dar carta abierta para que compre”, cuestionó el congresista, quien sugirió que los fondos podrían destinarse a financiar la campaña de Moncada.
“¿Qué pasa aquí? Es que están planificando usar el dinero en la campaña Eso, eso es seguro”, sostuvo.
En ese aspecto, el legislador liberal también criticó la falta de claridad en cuanto a los objetivos de las adquisiciones y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
“¿Están combatiendo las maras? Respuesta: no. ¿Están combatiendo el narcotráfico? Respuesta: no; de hecho, quitaron la extradición“, cuestionó Cálix.
‘Menos transparencia’, cuestionó
Por otro lado, Cálix también lamentó que la actual administración, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, “ha perdido toda la credibilidad” y “es incluso menos transparente que el gobierno anterior”, al afirmar que en este gobierno no publican información sobre las compras que se hacen en el portal de transparencia.
“Lo que preocupa de este gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y que hablaba tanto de transparencia, es que es incluso menos transparente que el gobierno anterior, que publicaba sus irregularidades en los portales de transparencia. Estos ni eso hacen; se niegan a subir sus compras en el portal de transparencia“, sentenció Cálix.
“Lo que preocupa es que hagan compras directas, y que la mitad sea para la campaña y la otra mitad para la comandante”, concluyó.
Este acuerdo otorga a Rixi Moncada la facultad de adjudicar y suscribir contratos para la adquisición de bienes, servicios, y consultorías, necesarios para el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el denominado Plan de Solución Contra el Crimen.
Dicha disposición se enmarca en una orden emitida por la presidenta Xiomara Castro el pasado 3 de septiembre, orientada a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas y tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Según el texto oficial, la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa en casos excepcionales donde se requiera confidencialidad o especialización para llevar a cabo operaciones estatales estratégicas.
Facultades y alcance del acuerdo
De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, el acuerdo ejecutivo habilita a Moncada a gestionar de manera urgente y directa los recursos necesarios para intervenir en municipios con altos índices de criminalidad.
Además, establece que las adquisiciones deben cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, incluyendo auditorías y otras disposiciones legales. La medida estará vigente durante un año y dará continuidad a los proyectos previamente iniciados en febrero de 2024 bajo el acuerdo ejecutivo 002-2024, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las preocupaciones sobre el uso de los fondos, el decreto establece que todos los contratos suscritos serán informados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la firma de cada contrato, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
