Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
Además, destacó que las sucesivas extensiones de esta medida no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
Por su parte, Leonel Núñez señaló que las acciones realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del estado de excepción no están amparadas en la ley.
Además, destacó que las sucesivas extensiones de esta medida no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
“Tenemos más de dos años en los que no se pueden presentar las cauciones pertinentes. Esto lacera el estado de inocencia de las personas procesadas bajo el Código Penal”, señaló González durante una declaración a medios de comunicación en las afueras de la CSJ.
Por su parte, Leonel Núñez señaló que las acciones realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del estado de excepción no están amparadas en la ley.
Además, destacó que las sucesivas extensiones de esta medida no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
El abogado Fernando González argumentó que ese decreto vulnera el artículo 93 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
“Tenemos más de dos años en los que no se pueden presentar las cauciones pertinentes. Esto lacera el estado de inocencia de las personas procesadas bajo el Código Penal”, señaló González durante una declaración a medios de comunicación en las afueras de la CSJ.
Por su parte, Leonel Núñez señaló que las acciones realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del estado de excepción no están amparadas en la ley.
Además, destacó que las sucesivas extensiones de esta medida no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
Los abogados Leonel Núñez y Fernando González presentaron este lunes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo PCM 03-2025, que establece la extensión del estado de excepción en el país.
El abogado Fernando González argumentó que ese decreto vulnera el artículo 93 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
“Tenemos más de dos años en los que no se pueden presentar las cauciones pertinentes. Esto lacera el estado de inocencia de las personas procesadas bajo el Código Penal”, señaló González durante una declaración a medios de comunicación en las afueras de la CSJ.
Por su parte, Leonel Núñez señaló que las acciones realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del estado de excepción no están amparadas en la ley.
Además, destacó que las sucesivas extensiones de esta medida no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras.
Los abogados Leonel Núñez y Fernando González presentaron este lunes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo PCM 03-2025, que establece la extensión del estado de excepción en el país.
El abogado Fernando González argumentó que ese decreto vulnera el artículo 93 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
“Tenemos más de dos años en los que no se pueden presentar las cauciones pertinentes. Esto lacera el estado de inocencia de las personas procesadas bajo el Código Penal”, señaló González durante una declaración a medios de comunicación en las afueras de la CSJ.
Por su parte, Leonel Núñez señaló que las acciones realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del estado de excepción no están amparadas en la ley.
Además, destacó que las sucesivas extensiones de esta medida no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente.
“La nueva extensión afecta el artículo 93 de la Constitución, que consiste en el derecho a la defensa, y elimina la posibilidad de defenderse en libertad mediante una fianza”, refirió Núñez.
Ambos profesionales insistieron en que el PCM 03-2025 constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales y al debido proceso, por lo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva en favor del respeto a la Carta Magna.
Este recurso se suma a una serie de cuestionamientos y debates en torno a las implicaciones del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera constante durante los últimos dos años.
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