Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Al preguntar sobre a qué se referían, según Redondo, Velásquez explicó que en esa parte política de la ONU “desfilaban un montón de políticos y empresarios de Guatemala tratando de manipular o gestionar cuáles casos conocería la CICIG”.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Según Redondo, ambos le mencionaron que, cuando se trajera la CICIH a Honduras ” no fuésemos a la parte política de Naciones Unidas”.
Al preguntar sobre a qué se referían, según Redondo, Velásquez explicó que en esa parte política de la ONU “desfilaban un montón de políticos y empresarios de Guatemala tratando de manipular o gestionar cuáles casos conocería la CICIG”.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
Redondo recordó que, durante la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conversó con miembros de esa misión, como el jefe Iván Velásquez, y la entonces fiscal del país, Thelma Aldana.
Según Redondo, ambos le mencionaron que, cuando se trajera la CICIH a Honduras ” no fuésemos a la parte política de Naciones Unidas”.
Al preguntar sobre a qué se referían, según Redondo, Velásquez explicó que en esa parte política de la ONU “desfilaban un montón de políticos y empresarios de Guatemala tratando de manipular o gestionar cuáles casos conocería la CICIG”.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
En su participación en un programa radial, el miércoles 08 de enero, Redondo explicó las razones por las que, según él, no se ha establecido la CICIH, a pesar de los diálogos en curso con la ONU.
Redondo recordó que, durante la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conversó con miembros de esa misión, como el jefe Iván Velásquez, y la entonces fiscal del país, Thelma Aldana.
Según Redondo, ambos le mencionaron que, cuando se trajera la CICIH a Honduras ” no fuésemos a la parte política de Naciones Unidas”.
Al preguntar sobre a qué se referían, según Redondo, Velásquez explicó que en esa parte política de la ONU “desfilaban un montón de políticos y empresarios de Guatemala tratando de manipular o gestionar cuáles casos conocería la CICIG”.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, afirmó recientemente que extractos externos al gobierno y dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están obstaculizando la pronta llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).
En su participación en un programa radial, el miércoles 08 de enero, Redondo explicó las razones por las que, según él, no se ha establecido la CICIH, a pesar de los diálogos en curso con la ONU.
Redondo recordó que, durante la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conversó con miembros de esa misión, como el jefe Iván Velásquez, y la entonces fiscal del país, Thelma Aldana.
Según Redondo, ambos le mencionaron que, cuando se trajera la CICIH a Honduras ” no fuésemos a la parte política de Naciones Unidas”.
Al preguntar sobre a qué se referían, según Redondo, Velásquez explicó que en esa parte política de la ONU “desfilaban un montón de políticos y empresarios de Guatemala tratando de manipular o gestionar cuáles casos conocería la CICIG”.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó las razones por las que, según él, no se ha establecido la CICIH, a pesar de los diálogos en curso con la ONU.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, acusa a sectores externos y la ONU de obstaculizar la llegada de la CICIH.
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, afirmó recientemente que extractos externos al gobierno y dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están obstaculizando la pronta llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).
En su participación en un programa radial, el miércoles 08 de enero, Redondo explicó las razones por las que, según él, no se ha establecido la CICIH, a pesar de los diálogos en curso con la ONU.
Redondo recordó que, durante la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conversó con miembros de esa misión, como el jefe Iván Velásquez, y la entonces fiscal del país, Thelma Aldana.
Según Redondo, ambos le mencionaron que, cuando se trajera la CICIH a Honduras ” no fuésemos a la parte política de Naciones Unidas”.
Al preguntar sobre a qué se referían, según Redondo, Velásquez explicó que en esa parte política de la ONU “desfilaban un montón de políticos y empresarios de Guatemala tratando de manipular o gestionar cuáles casos conocería la CICIG”.
Redondo añadió: “mi percepción y análisis personal es que desde otros extractos externos al gobierno se está impidiendo que la CICIH venga rápidamente al país, para perjudicarnos y decirnos que no cumplimos con una promesa de campaña.”
Asimismo, afirmó que hay “extractos” fuera de Honduras, incluidos en la ONU, que “no les interesa” la instalación rápida de la CICIH.
El titular del Congreso de Honduras fue más allá al decir que se mostró feliz cuando la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, concluyó su período de trabajo en el país.
“Me sentí feliz incluso cuando se fue la representante anterior, no lo voy a negar, porque hubo mucha injerencia política. Hay que decirle a la gente las cosas como son, y muchos no se atreven a decirlo”, expresó.
Además, relató que, durante la última visita del equipo de expertos de la ONU a Honduras, preparó un compendio de decretos e información necesaria para ofrecerles una visión diferente a la que se manejaba públicamente por otros sectores que se reunían con una sola persona de la ONU.
Sin embargo, Redondo aseguró que los expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional, por lo que decidió acudir a la casa de Alice Shackelford para entregarle una nota informándole que los esperaba el día en que la misión de expertos abandonaría el país. A pesar de ello, los expertos no llegaron. “Tengo la nota de recibida, pero no llegaron. No había voluntad”, sostuvo.
“Jamás había visto algo así. ¿Por qué no llegaron? Mostramos voluntad de recibirlos y entregarles información para gestionar la llegada de la CICIH”, añadió Redondo.
Agregó: “lo digo con la experiencia política que tengo: para mí, están impidiendo que venga la CICIH para afectar al gobierno y decir que no cumplimos con la promesa”.
Aunque no descarta la llegada de la CICIH para apoyar las investigaciones sobre actos de corrupción en Honduras, Luis Redondo enfatizó que el país luchará contra este flagelo a través de la Fiscalía General del Estado.
“Tenemos al Ministerio Público, y lo vamos a fortalecer; le vamos a aumentar el presupuesto”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Congreso Nacional está listo para hacer las reformas necesarias para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el lavado de activos, lo que facilitaría la instalación de la CICIH. No obstante, insistió en que no se cuentan con los votos necesarios.
En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.
El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.
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