Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de erradicar las maras que habían convertido al país en uno de los más violentos del mundo.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de erradicar las maras que habían convertido al país en uno de los más violentos del mundo.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
“Y si el agua hervida ya está inventada ¿por qué no copiar lo mismo?, expresó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, al admitir que el Plan Solución contra el Crimen es una réplica de la política de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
“En nuestros análisis convergeríamos que estamos realizando una copia de lo que está sucediendo en El Salvador”, con el Plan Control Territorial, expresó Hernández en el programa Frente a Frente de Canal 5, en junio de 2024.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de erradicar las maras que habían convertido al país en uno de los más violentos del mundo.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
La aplicación del modelo salvadoreño en territorio hondureño demuestra, según el informe, que no existe una fórmula única para combatir el crimen organizado.
“Y si el agua hervida ya está inventada ¿por qué no copiar lo mismo?, expresó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, al admitir que el Plan Solución contra el Crimen es una réplica de la política de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
“En nuestros análisis convergeríamos que estamos realizando una copia de lo que está sucediendo en El Salvador”, con el Plan Control Territorial, expresó Hernández en el programa Frente a Frente de Canal 5, en junio de 2024.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de erradicar las maras que habían convertido al país en uno de los más violentos del mundo.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
El informe de Seguridad Regional Americana 2024 revela que El Salvador y Honduras, pese a que comparten una historia de violencia marcada por el dominio de las maras, tienen diferencias. El Salvador logró reducir drásticamente los homicidios bajo el liderazgo de Nayib Bukele, pero Honduras sigue enfrentando altos índices de violencia.
La aplicación del modelo salvadoreño en territorio hondureño demuestra, según el informe, que no existe una fórmula única para combatir el crimen organizado.
“Y si el agua hervida ya está inventada ¿por qué no copiar lo mismo?, expresó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, al admitir que el Plan Solución contra el Crimen es una réplica de la política de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
“En nuestros análisis convergeríamos que estamos realizando una copia de lo que está sucediendo en El Salvador”, con el Plan Control Territorial, expresó Hernández en el programa Frente a Frente de Canal 5, en junio de 2024.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de erradicar las maras que habían convertido al país en uno de los más violentos del mundo.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Honduras ha intentado replicar el modelo de seguridad de Nayib Bukele, pero los resultados no han sido tan contundentes. Aunque la tasa de homicidios ha disminuido, el narcotráfico y la fragmentación de las maras impiden que el país logre una pacificación similar a la de El Salvador.
Militares hondureños patrullan zonas urbanas durante operativos del estado de excepción. Foto creada con IA.
El informe de Seguridad Regional Americana 2024 revela que El Salvador y Honduras, pese a que comparten una historia de violencia marcada por el dominio de las maras, tienen diferencias. El Salvador logró reducir drásticamente los homicidios bajo el liderazgo de Nayib Bukele, pero Honduras sigue enfrentando altos índices de violencia.
La aplicación del modelo salvadoreño en territorio hondureño demuestra, según el informe, que no existe una fórmula única para combatir el crimen organizado.
“Y si el agua hervida ya está inventada ¿por qué no copiar lo mismo?, expresó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, al admitir que el Plan Solución contra el Crimen es una réplica de la política de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
“En nuestros análisis convergeríamos que estamos realizando una copia de lo que está sucediendo en El Salvador”, con el Plan Control Territorial, expresó Hernández en el programa Frente a Frente de Canal 5, en junio de 2024.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de erradicar las maras que habían convertido al país en uno de los más violentos del mundo.
A través de una estrategia de mano dura, que incluyó estados de excepción, militarización de las calles y construcción de mega cárceles, Bukele logró reducir significativamente la tasa de homicidios.
Este éxito atrajo la atención de otros líderes en la región, incluyendo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción focalizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros de la violencia.
La estrategia incluyó operativos militares, restricción de derechos constitucionales y el anuncio de la construcción de dos prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, un año después, los resultados no son tan notables como en El Salvador.
Honduras registró una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 38.6 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 31.1 en 2023. Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Aunque esto refleja una mejora, el país aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles de seguridad que ha logrado El Salvador.
La principal diferencia radica en la naturaleza de la violencia: mientras que en El Salvador las maras son el enemigo prioritario, en Honduras el narcotráfico juega un papel preponderante.
Honduras es un eslabón crucial en la ruta de la cocaína que se transporta desde Colombia hacia Estados Unidos. Las avionetas cargadas con droga aterrizan en la selva de La Mosquitia y continúan su camino por el norte del país.
El Salvador, por otro lado, está menos expuesto a esta dinámica debido a su geografía y ausencia de costa caribeña.
El narcotráfico no solo alimenta la violencia, sino que también corrompe las instituciones.
La captura y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico ilustra el nivel de penetración criminal en el Estado hondureño.
Aunque las maras MS-13 y Barrio 18 operan en Honduras, su estructura es distinta a la de El Salvador.
En el país vecino, las maras tienen un control territorial más homogéneo, lo que facilita las negociaciones y los acuerdos secretos.
Bukele ha sido acusado de dialogar con las pandillas, permitiendo beneficios a cambio de pacificación. En Honduras, las maras están fragmentadas y conviven con otros actores criminales, lo que dificulta aplicar estrategias similares.
El modelo Bukele también despertó críticas por erosionar la democracia. El control del poder legislativo permitió reformas que vulneran el Estado de derecho en El Salvador.
La reelección presidencial, avalada por jueces designados inconstitucionalmente, refleja cómo el combate al crimen puede derivar en autoritarismo.
En Honduras, las medidas de excepción también han afectado a comunidades marginadas, generando desigualdad y abusos.
El modelo Bukele demuestra que la mano dura puede reducir la violencia, pero su aplicación en Honduras deja claro que cada país enfrenta realidades distintas.
La violencia en Honduras tiene raíces más profundas, ligadas al narcotráfico y la corrupción institucional.
Aunque se han logrado avances, la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral, que combine medidas de seguridad con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.
De lo contrario, los esfuerzos podrían quedar en simples espejismos de seguridad temporal.
Napoli have confirmed they have come to an agreement to terminate defender Mario Rui’s contract at the club with immediate…
Following the premiere of Part B of Yellowstone Season 5, viewers are curious to know why can’t Bethany “Beth” Dutton…
Stranger Things Season 5 is officially a step closer to coming out, as Netflix and the Duffer Brothers confirmed that…
