López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
El dirigente ambientalista y comunitario fue asesinado en Tocoa mientras salía de un templo tras participar en una celebración como delegado de la Iglesia Católica.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
El dirigente ambientalista y comunitario fue asesinado en Tocoa mientras salía de un templo tras participar en una celebración como delegado de la Iglesia Católica.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
“Han transcurrido 12 semanas desde el asesinato de Juan López, defensor del medioambiente, y reitero mi llamado a todos los actores del sector justicia para que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen”, escribió la diplomática en su cuenta en X.
Dogu agregó que “Estados Unidos apoya a Honduras y está listo para ofrecer asistencia adicional para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia“.
El dirigente ambientalista y comunitario fue asesinado en Tocoa mientras salía de un templo tras participar en una celebración como delegado de la Iglesia Católica.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
Dogu destacó la disposición de su país para brindar asistencia adicional en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables del crimen cometido contra López en Tocoa, Colón.
“Han transcurrido 12 semanas desde el asesinato de Juan López, defensor del medioambiente, y reitero mi llamado a todos los actores del sector justicia para que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen”, escribió la diplomática en su cuenta en X.
Dogu agregó que “Estados Unidos apoya a Honduras y está listo para ofrecer asistencia adicional para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia“.
El dirigente ambientalista y comunitario fue asesinado en Tocoa mientras salía de un templo tras participar en una celebración como delegado de la Iglesia Católica.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, instó este jueves a las autoridades hondureñas a redoblar esfuerzos para esclarecer el asesinato del defensor del medioambiente Juan López, ocurrido el pasado 14 de septiembre en el Caribe del país.
Dogu destacó la disposición de su país para brindar asistencia adicional en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables del crimen cometido contra López en Tocoa, Colón.
“Han transcurrido 12 semanas desde el asesinato de Juan López, defensor del medioambiente, y reitero mi llamado a todos los actores del sector justicia para que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen”, escribió la diplomática en su cuenta en X.
Dogu agregó que “Estados Unidos apoya a Honduras y está listo para ofrecer asistencia adicional para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia“.
El dirigente ambientalista y comunitario fue asesinado en Tocoa mientras salía de un templo tras participar en una celebración como delegado de la Iglesia Católica.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, destacó la disposición de su país para brindar asistencia en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables del crimen cometido contra Juan López.
Juan López fue asesinado en septiembre de 2024.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, instó este jueves a las autoridades hondureñas a redoblar esfuerzos para esclarecer el asesinato del defensor del medioambiente Juan López, ocurrido el pasado 14 de septiembre en el Caribe del país.
Dogu destacó la disposición de su país para brindar asistencia adicional en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables del crimen cometido contra López en Tocoa, Colón.
“Han transcurrido 12 semanas desde el asesinato de Juan López, defensor del medioambiente, y reitero mi llamado a todos los actores del sector justicia para que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen”, escribió la diplomática en su cuenta en X.
Dogu agregó que “Estados Unidos apoya a Honduras y está listo para ofrecer asistencia adicional para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia“.
El dirigente ambientalista y comunitario fue asesinado en Tocoa mientras salía de un templo tras participar en una celebración como delegado de la Iglesia Católica.
Tras su muerte, el párroco de la iglesia San Isidro de Tocoa, el jesuita Carlos Orellana, señaló al alcalde Adán Fúñez como responsable del asesinato, aunque el edil lo ha negado en repetidas ocasiones.
Incluso el obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz Mora, exigió la renuncia de Fúnez, a quien acusó de “traicionar” al pueblo que lo eligió como representante de ese municipio en el Caribe de Honduras.
Las autoridades han capturado a dos hombres que presuntamente son los autores materiales del crimen y aseguran que continúan investigando para localizar a los autores intelectuales.
El asesinato de Juan López desató una ola de condenas por parte de la Iglesia Católica hondureña, organizaciones defensoras del medioambiente, entidades de derechos humanos y la comunidad internacional.
López contaba con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 debido a amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento relacionados con su labor en defensa del medioambiente.
El ambientalista se oponía a proyectos mineros en Trujillo, Colón.
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