“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
Este esquema, diseñado con fines comerciales y de lucro privado, utilizó dos embarcaciones clave: la Masita III y el M/V Pop.
“La mayoría de los migrantes pagaron varios miles de dólares a los co-conspiradores”, señala el informe del Departamento de Justicia, exponiendo el alcance económico de esta operación.
La Guardia Costera reforzó la vigilancia en el Golfo de México. Foto: @USCGSoutheast
Una red internacional con antecedentes
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
Según documentos judiciales, la red operaba con precisión y ambición. Los migrantes, tras llegar a Estados Unidos, eran colocados en fábricas y otros negocios, a pesar de carecer de autorización legal.
Este esquema, diseñado con fines comerciales y de lucro privado, utilizó dos embarcaciones clave: la Masita III y el M/V Pop.
“La mayoría de los migrantes pagaron varios miles de dólares a los co-conspiradores”, señala el informe del Departamento de Justicia, exponiendo el alcance económico de esta operación.
La Guardia Costera reforzó la vigilancia en el Golfo de México. Foto: @USCGSoutheast
Una red internacional con antecedentes
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
El plan, liderado por Hennessy Devon Cooper Zelaya y Rudy Jackson Hernández, ambos hondureños, quedó al descubierto cuando la Guardia Costera interceptó el barco antes de que un segundo navío pudiera abastecerlo de combustible.
Según documentos judiciales, la red operaba con precisión y ambición. Los migrantes, tras llegar a Estados Unidos, eran colocados en fábricas y otros negocios, a pesar de carecer de autorización legal.
Este esquema, diseñado con fines comerciales y de lucro privado, utilizó dos embarcaciones clave: la Masita III y el M/V Pop.
“La mayoría de los migrantes pagaron varios miles de dólares a los co-conspiradores”, señala el informe del Departamento de Justicia, exponiendo el alcance económico de esta operación.
La Guardia Costera reforzó la vigilancia en el Golfo de México. Foto: @USCGSoutheast
Una red internacional con antecedentes
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
La promesa de una vida mejor, empaquetada en miles de dólares pagados a los contrabandistas, terminó con un motor averiado en medio del Golfo de México, a 75 millas de la costa de Luisiana.
El plan, liderado por Hennessy Devon Cooper Zelaya y Rudy Jackson Hernández, ambos hondureños, quedó al descubierto cuando la Guardia Costera interceptó el barco antes de que un segundo navío pudiera abastecerlo de combustible.
Según documentos judiciales, la red operaba con precisión y ambición. Los migrantes, tras llegar a Estados Unidos, eran colocados en fábricas y otros negocios, a pesar de carecer de autorización legal.
Este esquema, diseñado con fines comerciales y de lucro privado, utilizó dos embarcaciones clave: la Masita III y el M/V Pop.
“La mayoría de los migrantes pagaron varios miles de dólares a los co-conspiradores”, señala el informe del Departamento de Justicia, exponiendo el alcance económico de esta operación.
La Guardia Costera reforzó la vigilancia en el Golfo de México. Foto: @USCGSoutheast
Una red internacional con antecedentes
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
En febrero de 2022, un grupo de23 hondureños emprendió una peligrosa travesía desde Utila hacia los Estados Unidos, a bordo de una embarcación de pesca deportiva conocida como el M/V Pop, de 65 pies de largo.
La promesa de una vida mejor, empaquetada en miles de dólares pagados a los contrabandistas, terminó con un motor averiado en medio del Golfo de México, a 75 millas de la costa de Luisiana.
El plan, liderado por Hennessy Devon Cooper Zelaya y Rudy Jackson Hernández, ambos hondureños, quedó al descubierto cuando la Guardia Costera interceptó el barco antes de que un segundo navío pudiera abastecerlo de combustible.
Según documentos judiciales, la red operaba con precisión y ambición. Los migrantes, tras llegar a Estados Unidos, eran colocados en fábricas y otros negocios, a pesar de carecer de autorización legal.
Este esquema, diseñado con fines comerciales y de lucro privado, utilizó dos embarcaciones clave: la Masita III y el M/V Pop.
“La mayoría de los migrantes pagaron varios miles de dólares a los co-conspiradores”, señala el informe del Departamento de Justicia, exponiendo el alcance económico de esta operación.
La Guardia Costera reforzó la vigilancia en el Golfo de México. Foto: @USCGSoutheast
Una red internacional con antecedentes
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
Dos hondureños enfrentan hasta 30 años de prisión tras ser condenados en Estados Unidos por encabezar un esquema de tráfico de migrantes desde Utila hacia Luisiana.
hondureños tráfico de personas
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La Guardia Costera interceptó la embarcación utilizada por los hondureños para contrabandear a 23 migrantes en el Golfo de México, desmantelando un plan que operaba con fines lucrativos. Foto: @USCGSoutheast
En febrero de 2022, un grupo de23 hondureños emprendió una peligrosa travesía desde Utila hacia los Estados Unidos, a bordo de una embarcación de pesca deportiva conocida como el M/V Pop, de 65 pies de largo.
La promesa de una vida mejor, empaquetada en miles de dólares pagados a los contrabandistas, terminó con un motor averiado en medio del Golfo de México, a 75 millas de la costa de Luisiana.
El plan, liderado por Hennessy Devon Cooper Zelaya y Rudy Jackson Hernández, ambos hondureños, quedó al descubierto cuando la Guardia Costera interceptó el barco antes de que un segundo navío pudiera abastecerlo de combustible.
Según documentos judiciales, la red operaba con precisión y ambición. Los migrantes, tras llegar a Estados Unidos, eran colocados en fábricas y otros negocios, a pesar de carecer de autorización legal.
Este esquema, diseñado con fines comerciales y de lucro privado, utilizó dos embarcaciones clave: la Masita III y el M/V Pop.
“La mayoría de los migrantes pagaron varios miles de dólares a los co-conspiradores”, señala el informe del Departamento de Justicia, exponiendo el alcance económico de esta operación.
La Guardia Costera reforzó la vigilancia en el Golfo de México. Foto: @USCGSoutheast
Una red internacional con antecedentes
El caso no se limitó a Cooper Zelaya y Hernández. Entre los involucrados está Carl Allison, el principal acusado, quien se declaró culpable en 2023 no solo por contrabando de migrantes, sino también por conspirar para distribuir cocaína.
Otros tres hondureños, Darrel Martínez, Josué Flores-Villeda y Lenord Cooper, aceptaron cargos similares, revelando una trama que entrelaza el tráfico humano con el narcotráfico.
“La conexión entre el tráfico de personas y otras actividades ilegales es preocupante”, expresó Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta, tras el fallo.
Los acusados, Cooper Zelaya y Hernández, enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos presentados.
A los dos hondureños un juez los condenó el pasado 18 de noviembre de 2024 y esperan la audiencia de sentencia.
Mientras tanto, un juez federal determinará las sentencias tras evaluar las directrices legales y los antecedentes del caso.
Este juicio marcó un precedente en el combate contra el tráfico de personas en la región.
Ante esto, las autoridades reforzaron la vigilancia marítima en los puntos críticos del Golfo de México.
